CARACAS, Venezuela (AP) — El gobierno y la coalición opositora esperan sostener este martes un segundo encuentro para definir el plan de trabajo para los diálogos que de no llegar a acuerdos podría poner en riesgo el futuro del proceso.
Una delegación del gobierno, encabezada por el vicepresidente Jorge Arreaza, tiene previsto reunirse en privado la tarde del martes con representantes de la "Mesa de la Unidad Democrática" que aglutina los opositores, para debatir sobre las fechas y plazos de instalación de las diferentes comisiones del eventual proceso de diálogo.
Aunque el encuentro será meramente para establecer una metodología de trabajo, Delsa Solórzano, integrante de la comisión enlace de la oposición, afirmó que de no llegarse a acuerdos el proceso de diálogo podría ponerse en riesgo.
"Es una reunión de trabajo para establecer...plazos y fechas de instalación de las comisiones, para establecer en qué medida y cómo vamos a lograr los objetivos, y si el gobierno no quiere eso simplemente no hay diálogo", dijo Solórzano a la AP en entrevista telefónica.
Durante esta reunión, que se realizará en la sede de la vicepresidencia, la coalición opositora insistirá con la ley de amnistía, que ha sido una de sus banderas en el proceso. Los delegados opositores presentarán una lista con un centenar de personas que consideran "presos políticos" que podrían beneficiarse de una posible ley de amnistía, indicó Solórzano.
Entre las personas incluidas en la lista está el dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, que permanece recluido desde el pasado 18 de febrero en una cárcel militar, a las afueras de la capital, señalado de promover acciones violentas durante una protesta callejera.
El presidente Nicolás Maduro se mostró el pasado fin de semana optimista por el posible proceso de diálogo, y dijo, en una entrevista en el diario local Ultimas Noticias, que "sí logramos que la oposición venezolana llegue al convencimiento de que debe respetar la Constitución y al chavismo como fuerza mayoritaria con su proyecto político, ya sería un gran avance en el fortalecimiento de la democracia".
En relación a una posible ley de amnistía, Maduro afirmó que "ahora es el tiempo de la justicia severa porque en Venezuela, cabalgando las protestas de la oposición, se ha montado una insurgencia armada".
El líder opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, afirmó la víspera que el futuro del proceso de diálogo depende del Ejecutivo, y dijo a la prensa que es necesario que el gobierno de "señales". "El país está muy escéptico del diálogo porque ha pasado mucha agua debajo del puente, y como no hay hechos las personas pueden ser indiferentes, y está en el gobierno que eso cambie", agregó.
El gobierno y la coalición opositora, que agrupa cerca de una docena de partidos y organizaciones, sostuvieron el pasado 10 de abril un primer debate televisado de casi seis horas como parte del proceso de acercamiento. El encuentro se dio con la facilitación de los cancilleres de Brasil, Ecuador y Colombia y el nuncio apostólico en Venezuela.
El movimiento estudiantil, que ha sido el principal promotor de las protestas callejeras de los últimos dos meses, reiteró el lunes, a través de uno de líderes, que los universitarios continuarán con las manifestaciones y que por el momento no están dispuestos a dialogar con el gobierno de Maduro.
Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Central de Venezuela, dijo a la prensa que "el gobierno debe garantizar muchas cosas pendientes si nos quiere ver sentados dialogando en el Palacio de Miraflores".
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la desbordada inflación —que alcanzó en febrero una tasa anualizada de 57,3%_, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.
Los violentos incidentes registrados en Caracas y otras ciudades han dejado 41 muertos, 674 heridos y unos 2.285 detenidos, de los cuales 175 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.
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