HELENA, Montana, EE.UU. (AP) — Un grupo defensor de los derechos civiles presentó el jueves una demanda de inconstitucionalidad contra un ley aprobada por los electores, que permite al gobierno estatal de Montana determinar el estatus migratorio de las personas y entregar a las autoridades federales a quien considere que está sin permiso en Estados Unidos.
Los demandantes, encabezados por la Alianza de Justicia al Inmigrante en Montana, solicitaron al juez de distrito Jeffrey Sherlock que suspenda la ley, que exige demostrar la ciudadanía o la estadía legal en Estados Unidos para quienes soliciten servicios públicos en ese estado, como prestaciones por desempleo o asistencia para víctimas de la delincuencia.
La legislación, aprobada por casi el 80% de los votantes en noviembre, entró en vigencia el 1 de enero, pero la mayoría de las instituciones estatales no han empezado a aplicarla. Por ahora no hay reportes de que a alguien se le hayan negado servicios y haya sido deportado por esa situación.
No obstante, el abogado de los demandantes, Brian Miller, advirtió que la ley puede aplicarse en cualquier momento sin el debido proceso o sin manera de apelar, y por lo tanto —estimó— es necesario que Sherlock suspenda la medida hasta que sea resuelta la impugnación constitucional.
"Nadie sabe cuándo van a ser asaltados. Nadie sabe cuándo van a ser despedidos", ejemplificó Miller.
El procurador de justicia de Montana, Lawrence Van Dyke, dijo que la legislación no debe suspenderse porque no hay evidencia de que haya perjudicado a alguien.
Invalidar la ley sí sería perjudicial porque las agencias gubernamentales del estado estarían imposibilitadas de limitar la entrega de servicios y prestaciones a solamente las personas aptas legalmente para recibir esos beneficios, precisó.
La querella únicamente cuestiona el aspecto jurídico que permite a las instituciones estatales pedir a los solicitantes de servicios públicos que demuestren su aptitud legal para recibirlos, pero no impugna el derecho del estado a negar la entrega de beneficios a los inmigrantes sin permiso para estar en el país, indicó.
Sherlock se abstuvo de tomar una decisión inmediata sobre la petición para que emitiera una medida cautelar contra la ley.
Los legisladores republicanos que propusieron la ley afirman que los inmigrantes no autorizados viven del dinero de los contribuyentes al recibir ayuda alimentaria, prestaciones por desempleo, beneficios por incapacidad, licencias de conductor y asistencia para estudiantes universitarios.
Miller presentó a dos testigos que se dijeron afectadas por la legislación. Andrea Carlson, que nació en el Reino Unido y vive en Miles City, dijo que hace poco un juez resolvió que era ciudadana porque su padre era ciudadano y participó en las fuerzas armadas, pero que tiene que conseguir otros documentos. La otra testigo es Alisha Blair, oriunda de Canadá.
{jcomments on}
