Por Ramón Peralta
Las sociedades y todas las instituciones que la componen se establecen en base a principios, que son los que sirven de fundamento para darle coherencia y por supuesto, sostenibilidad. En las naciones que adquieren su independencia ese rol lo desempeña la constitución, donde se establecen las normas para gobernar. Pero como siempre sucede en el ejercicio del gobierno, hay una diferencia entre lo que establecen los principios y la práctica. Eso se debe a que los que ejercen el papel de gobernantes no son seres abstractos, sino que obedecen a intereses particulares, ya sean de índole ideológico o clasistas. En ese sentido, el ejercicio de las instituciones es afectado por los intereses de aquellos que asumen el poder.
El sistema democrático americano está compuesto por tres poderes: El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los dos primeros son elegidos por la población mediante un proceso electoral en el que libremente los votantes escogen su preferencia. Debido a que provienen de la decisión tomada por la voluntad popular, el poder ejecutivo y el legislativo, se ven obligados de una u otra manera a responder a las expectativas de aquellos que los eligieron. Al mismo tiempo, y de acuerdo con el mandato constitucional, ambos poderes se chequean uno al otro, es decir, son interdependientes.
En el caso de la Suprema Corte, tanto la escogencia de sus miembros como su manera de accionar, son diferentes a los dos anteriores, es decir, el poder ejecutivo y legislativo. El partido que controla el poder legislativo es el que asume el poder de la elección de los jueces y estos últimos, a diferencia de los otros poderes, son elegidos a ocupar la posición de por vida. Es decir, estarán ahí hasta que la decisión propia, una enfermedad o la vejez lo determinen. Por otro lado, todo el poder de decisión está en manos de una reducida élite de 9 miembros.
Tradicionalmente, pero mas en estos tiempos, los jueces del tribunal supremo toman sus decisiones impulsadas mas por cuestiones ideológicas que por lo estrictamente legal. Eso ha dado lugar a que muchas de sus decisiones hayan desatado fuertes críticas y levantado protestas de la población al imponérseles medidas que afectan sus derechos para complacer una minoría ultraconservadora.
La última de estas decisiones ha sido la abolición de la ley del aborto, que después de mas de 70 años fue dejada sin efecto por la presente Corte Suprema. La resolución ha provocado un escándalo en la mayoría de los medios e incluso entre los tres jueces liberales que componen la Corte, que después de ser tomada la decisión expresaron: “Fue una catastrófica decisión, no solamente para el ejercicio de la libertad civil americana, sino también para la legitimidad de la misma corte.” No hay lugar a dudas, que la decisión se fue mas allá de lo legal y reflejó el conservadurismo de la mayoría de los miembros de la corte que se inclinaron a satisfacer a los sectores políticos que los llevaron a esa posición mas que reafirmar el sentido de la ley.
El desborde ultraconservador de la Corte no solo se reflejó en la decisión de abolir el aborto, sino en otras disposiciones que fueron tomadas recientemente y en las que se desbordó el sentido común. A pesar de que la nación hoy sufre los espantosos efectos del uso de las armas, la Corte tomó la decisión de anular una disposición del estado de Nueva York con mas de cien años de vigencia y que se prohibía portar armas fuera del hogar.
Por otro lado, la Corte también decidió imponer a los contribuyentes del estado de Maine la financiación o subsidio de las escuelas religiosas privadas, aun cuando existe un mandato constitucional que lo prohíbe basado en la separación de la religión y el estado. En el mismo orden, la Corte se alineó en favor de la acción de un dirigente deportivo que fue castigado por un sistema escolar por el uso indebido de la oración en un juego de futbol, que también está en franca violación del mandato constitucional que establece la separación del estado y la religión.
Como si todo esto fuera poco, la Corte Suprema decidió también imponer sus mandatos cuando obligó a la Agencia de Protección Ambiental detener la implementación de medidas regulatorias a las plantas de emisión de carbono y que influyen en el cambio climático. La medida no pudo llegar en peor momento cuando los científicos están advirtiendo sobre el peligro que representa para la humanidad y las futuras generaciones el aumento del calentamiento global.
Esas resoluciones ponen a la Corte Suprema de espalda a los principios constitucionales que le sirven de base, convirtiéndola así en el organismo de gobierno mas controversial al estar orientada a complacer intereses ideológicos ultraconservadores en desmedro de los intereses de la mayoría.