Fiesta en la calle y duelo en la casa

 

Mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, su secretario de estado, Anthony Blinken, y el Congreso se encargan de los asuntos del este de Europa invirtiendo miles de millones de dólares que bien podrían ayudar a solventar la deuda de millones de estudiantes y graduados norteamericanos, en las calles, las escuelas, las iglesias y hasta en las tiendas de todo el país, niños y adultos pierden la vida víctimas de locos fuertemente armados gracias al descontrol de la venta de armas de fuego.

La Suprema Corte de Justicia, en vez de asumir con responsabilidad la situación, dedica su tiempo a prohibir el aborto y revisar sentencias anteriores para revocar prerrogativas que la mayoría de ese cuerpo judicial considera contrarias a sus convicciones religiosas.

Y peor aún, revoca disposiciones del estado de Nueva York para controlar la tenencia de armas de fuego.

La Segunda enmienda de la constitución establece el derecho de los ciudadanos a tener armas.

“No se enajenará el derecho de los ciudadanos a tener un arma para protegerse”, dice.

Pero no establece qué armas, quiénes pueden ser excluidos de tenerlas, ni si todos los ciudadanos tienen el derecho de portarlas cargadas.

La interpretación de la segunda enmienda como una orden divina inalcanzable por la mano humana, no es más que una vulgar justificación para proteger una cultura basada en la violencia y la ignorancia.

Si nos aferramos a esa prerrogativa, cualquier persona con problemas mentales, con precedentes criminales, de confesa intención de matar, tiene derecho a tener un arma.

Ahí están las consecuencias de una justicia y una administración carentes de responsabilidad humana y ciudadana.

Siete personas muertas en medio de una celebración patriótica, 19 niños y tres maestros asesinados en masa en una escuela, y una lista interminable de crímenes en masa, muchos de odio, semana por semana que han hecho de cualquier lugar del país en un pasillo para la muerte.

Una interpretación lógica y realista de la segunda enmienda no se contrapone al derecho de los estados a decidir las condiciones en las que un ciudadano puede ser propietario o portador de un arma de fuego; no le impide a ningún gobierno regional ni federal decidir qué clase de armas pueden comprar los ciudadanos ni las posibles penalidades por la irresponsabilidad en la forma de usarlas o guardarlas.

Las matanzas de civiles en los Estados Unidos pueden ser reducidas considerablemente si los tres poderes del estado lo deciden: si el poder ejecutivo somete un proyecto para controlar las armas, el Congreso lo aprueba y la Suprema Corte actúa con responsabilidad respaldando el carácter constitucional de la pieza legislativa.

Lamentablemente no hay acuerdo entre las tres instancias, ni lo habrá por mucho tiempo.

La Suprema Corte de Justicia está formada ahora en su mayoría por jueces que responden a los intereses de grupos cuyos valores son el fundamentalismo religioso, la violencia y la ignorancia.

Por eso seguiremos leyendo las noticias del este de Europa y de las matanzas norteamericanas.