OKLAHOMA CITY (AP) — El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt sancionó el martes una ley que penaliza la realización de un aborto con hasta 10 años de prisión, como parte de una fuerte ofensiva en estados gobernados por republicanos para limitar el derecho a la interrupción del embarazo.
La ley, que entrará en vigencia 90 días después de que la legislatura inicie su receso el mes próximo, solo exceptúa los casos en que se realiza el aborto para salvar la vida de la madre. Los partidarios del derecho al aborto dicen que seguramente se presentará un recurso contra la nueva ley.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos, con su mayoría conservadora, estudia la posibilidad de reducir derechos sobre el aborto que están vigentes desde hace medio siglo.
“Queremos proscribir el aborto en el estado de Oklahoma”, dijo Stitt en la ceremonia de firma de la ley, flanqueado por legisladores, clérigos y estudiantes contrarios al aborto. “Prometí a los habitantes de Oklahoma que firmaría todo proyecto de ley a favor de la vida que llegara a mi oficina, y es lo que estamos haciendo hoy”.
La ley sanciona a quien efectúe un aborto con hasta 10 años de prisión y multa de 100.000 dólares. No autoriza presentar cargos criminales contra la mujer.
El senador republicano Nathan Dahm, que redactó el proyecto, dijo que es “la ley provida más fuerte del país en la actualidad y de hecho elimina el aborto en Oklahoma”.
Los partidarios del derecho de aborto dicen que la ley es evidentemente inconstitucional, y que las cortes federales han bloqueado leyes similares aprobadas recientemente en Arkansas y Alabama.
“Los legisladores de Oklahoma tratan de prohibir el aborto desde todos los ángulos y solo tratan de ver cuáles de estos proyectos peligrosos y vergonzosos conseguirán la firma del gobernador”, dijo la doctora Ghazaleh Moayedi, obstetra y ginecóloga en Texas y Oklahoma y directiva de la organización Médicos por la Salud Reproductiva.
Aunque leyes similares aprobadas por la legislatura de Oklahoma en años recientes han sido declaradas inconstitucionales, los legisladores se sienten animados por la decisión de la Corte Suprema de ratificar las nuevas restricciones en Texas.
