SANTIAGO, Chile (AP) — Las indagaciones sobre atentados terroristas en Chile, el más reciente de los cuales dejó 14 heridos el lunes, indican que los responsables se encuentran entre grupos anarquistas no identificados que desde principios de 2014 han plantado artefactos en diferentes puntos de la capital, informaron las autoridades.
Desde enero se han registrado 29 bombas, algunas de las cuales fueron desactivadas, pero el ataque del lunes generó mucho mayor impacto: fue a plena luz del día, en un lugar lleno de público, a metros de una de las estaciones más grandes del tren subterráneo rodeada por una serie de galerías comerciales. Además dejó heridos.
"Estamos en la línea de que se trata de organizaciones anarquistas que no tienen una (ley) orgánica que permita un seguimiento que determine con mayor precisión y rapidez quiénes están detrás de estos atentados", dijo el fiscal nacional subrogante Alberto Ayala.
Ante la falta de resultados desde que un fiscal especial investiga los ataques, hace dos meses, dijo que "si se analiza la complejidad del tipo de delitos, no podemos hablar de fracaso", y agregó que los datos de la investigación "no están absolutamente disponibles" y que "son difíciles momentos, son delitos muy difíciles de investigar".
Sobre el fracaso de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en prevenir atentados como el de la víspera, Sergio Morales, abogado del conservador Instituto Libertad y Desarrollo, dijo a The Associated Press que la agencia "a nuestro juicio no es un sistema eficiente", pues "es un sistema de coordinación y recopilación de datos de las distintas ramas (de inteligencia) de las fuerzas armadas".
Agregó que la agencia "está en situación bastante desmejorada en relación con otros tipos de agencias que existen en el mundo" y que, debido al sistema de recolección de información que tiene, "no pueden prever" atentados como el del lunes. Afirmó que debería recibir más recursos y más atribuciones que permitan "efectivamente cumplir con una labor de inteligencia como corresponde".
La ley antiterrorista amplía los tiempos de detención, permite testigos secretos, interferir comunicaciones y contempla elevadas penas.
De la casi treintena de atentados en lo que va del año, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet le da la calificación de terrorista al del lunes, a uno que afectó un vagón del metro a mediados de julio, y a una bomba que estalló en agosto frente a un paradero del transporte público.
El fiscal Christián Toledo, a cargo de la investigación, dijo el martes que las tres bombas más recientes tienen dos cosas en común: un extintor con pólvora y un reloj temporizador. Las pocas veces que han aparecido volantes en el lugar de los ataques los firman presuntos grupos anarquistas.
Los actos terroristas parecen seguir la línea del transporte público, conformada por el tren subterráneo y autobuses, que a diario mueven a unos cinco millones de personas.
Todas las estaciones del metro —más de un centenar— amanecieron el martes con policías en sus ingresos y salidas, y en las estaciones fueron clausurados los basureros colocándoles encima bolsas de plástico negras, y otros fueron retirados para evitar que sean usados de nuevo como contenedores de bombas.
"No nos va a temblar la mano. No vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecten la vida de las personas que quieren vivir en paz", advirtió Bachelet el martes, y añadió que se modificará la ley antiterrorista para otorgar más herramientas de investigación a los fiscales.
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, admitió que no hay detenidos, y apeló a la ley antiterrorista al presentar una demanda contra los que resulten responsables.
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