CHARLOTTESVILLE, Virginia, EE.UU. (AP) — Algunos abogados probablemente preferirían evitar una clienta como Shanteny Calvin, pero a los estudiantes de la Clínica de Derecho de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia no les tembló el pulso a la hora de tomar su caso.
Inmigrante costarricense y madre de tres hijos, Calvin soñaba en ser residente permanente de Estados Unidos. Sin embargo, sus antecedentes penales complicaban su caso, lo cual dificultaba aún más que le fuera otorgada una tarjeta verde de residencia.
"Se vino de Costa Rica hace 10 años. Desde entonces tuvo a alguien que abusaba de ella", explicó Anisha Singh, estudiante de derecho de tercer año. Singh, que manejó el caso de Calvin, dijo que la mujer había sido acusada de agresión, girar cheques sin fondos y no presentarse en la corte.
Los problemas de Calvin, señaló Singh, están vinculados con la relación de abuso que mantenía. El hombre controlaba sus finanzas, agregó, y le dificultaba proporcionarle lo necesario a sus hijos.
"En la desesperación, giró cheques sin fondos para poder alimentar a su familia", dijo Singh. "No tenía otra opción".
Calvin no se presentó en la corte el día que la citaron porque tenía miedo de que la separaran de sus hijos, agregó.
Doug Ford, director de la clínica, consideró que el cargo de agresión que enfrenta Calvin se deriva del círculo vicioso de la violencia doméstica.
"Forma parte del círculo de abusos domésticos. Ella se defendió. Eso complicó mucho el trabajo legal", afirmó.
Singh dijo que pudo ganar el caso de Calvin al demostrar que su cliente se había rehabilitado y estaba dedicada a mejorarse a sí misma.
"Desde que el abusador dejó su vida, ella ha tenido la oportunidad de reconstruir su vida con sus hijos", dijo Singh. Ahora Calvin trabaja en un banco de alimentos en Richmond y está muy involucrada en las organizaciones de padres y maestros en las escuelas de sus hijos. Está tomando clases nocturnas en la Universidad Mary Baldwin con la esperanza de convertirse en maestra de español algún día.
Desde que la Clínica de Derecho de Inmigración fue fundada en 2004, le ha proporcionado a muchos aspirantes a abogados la oportunidad de obtener valiosa experiencia directa en los tribunales. La clínica es un curso de un semestre que otorga cuatro créditos y recibe a cinco o seis estudiantes por período, dijo Ford. Maneja hasta 50 casos en un momento dado.
"Los estudiantes tienen una responsabilidad. Yo soy el supervisor; mi licencia de es la que técnicamente avala el proceso, (pero) ellos lo llevan (al caso)", afirmó Ford. "Hago mucho énfasis en pasarles la responsabilidad a ellos. El primer día del seminario reciben archivos de los casos".
En su mayor parte, la Clínica de Derecho de Inmigración maneja casos complejos en los que están involucrados clientes con antecedentes penales, agregó.
"Gran parte de nuestro trabajo es con la comunidad que no tiene documentos, que carece de autorización (para estar en el país)", dijo. "Tomamos los casos difíciles".
Sin la ayuda de la clínica, muchos de estos hombres y mujeres no podrían pagar los servicios legales para ayudarse a obtener una tarjeta verde, agregó Ford.
"Sin un abogado, la ley de inmigración es muy complicada", señaló. Todo el trabajo realizado a través de la Clínica de Derecho de Inmigración es pro bono (para el bien público).
"Si eres una persona de clase trabajadora, no puedes darte el lujo de pagar miles de dólares en honorarios legales. Los estudiantes le dan a la gente una oportunidad que de otra forma no tendría", afirmó.
Lara Jensen, en su segundo año como estudiante de derecho, pasó el último semestre representando a dos inmigrantes salvadoreños, José Ricardo Aguilar y su esposa Ena Miranda Franco, quienes viven en Charlottesville. Tienen tres hijos: un estudiante en la Universidad Liberty, uno en la Universidad James Madison y un niño de 9 años.
Aguilar tenía antecedentes de conducir ebrio, pero Jensen dijo que no ha bebido en cuatro años. Su caso se complicó aún más por su participación en la Guardia Nacional de El Salvador en la década de 1980.
"Como grupo participaron en atrocidades, pero mi cliente no", agregó. Si era declarado culpable como perseguidor, dijo Jensen, no se le habría ofrecido la residencia a Aguilar. La información que el Departamento de Seguridad Interior le presentó al juez era vaga, explicó.
"Tuvimos que entrevistarlo a fondo, de forma que el juez pudiera ver que no hay forma de que él pudiera haber participado en esas atrocidades", señaló.
Aguilar ganó su caso en octubre.
"(El) aún está esperando debido a ciertos requisitos burocráticos, pero en estos momentos no hay obstáculos legales que le impidan obtener una tarjeta verde", añadió.
Tanto para Singh como para Jensen, el trabajar con la Clínica de Derecho de Inmigración ha sido una oportunidad de aprender no sólo sobre leyes, sino sobre la gente que integra sus comunidades.
Para Singh, la clínica fue una oportunidad de aprendizaje distinta a cualquier otra cosa que hubiese experimentado.
"Puedo decir que aprendí mucho más de la Clínica de Derecho de Inmigración que en cualquier otro curso que tomé en la escuela de derecho. Es algo práctico, es trabajar con la gente", afirmó. Aún más, dijo que se "involucró emocionalmente" en su trabajo y sus clientes.
"(Nuestros clientes) comparten una historia con muchas personas que vienen a Estados Unidos", dijo Jensen. "Forman parte de nuestra comunidad estadounidense más amplia, pero con frecuencia no tienen esa hoja de papel o acceso a esa hoja de papel. La clínica proporciona una oportunidad excelente para ver que estas personas no son gente en abstracto; forman parte de nuestra comunidad".{jcomments on}
