El gobierno uruguayo comenzará a distribuir toda información estatal en formato abierto y libre, y dará preferencia a estos formatos al hacer nuevas contrataciones.
Así lo establece la Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado, aprobada el 18 de diciembre, cuya redacción llevó 10 años.
La norma —que será reglamentada en los próximos seis meses— consta de cinco artículos que establecen la obligación de distribuir información en este formato y el interés del Estado en impulsar su uso en el sistema educativo.
La ley considera software libre aquel que tiene licencia y da acceso a su código fuente para ser adaptado, copiado, mejorado y distribuido libremente a la ciudadanía. En caso de que el Estado invierta en software privativo, deberá justificar la elección.
El sector informático en Uruguay, de gran desarrollo en los últimos años, planteó inicialmente algunas preocupaciones.
En un comunicado publicado en febrero de 2013, el Centro de Estudios de Software Libre del Uruguay (CESoL) —referente de la comunidad de software libre en Uruguay, que participó en la elaboración de la norma— avalaba su uso pero alertaba que "obligar al uso de un conjunto de herramientas entre otras posibles, no amplía la libertad sino que atenta contra la misma".
Sin embargo, tras participar en las discusiones legislativas, otro comunicado de CESoL, fechado en diciembre pasado, señala que la ley aprobada "es un aporte a la libertad de los uruguayos".
"Entendemos que todas [las opciones] deben ser parte de la caja de herramientas del profesional informático, que debe encontrar para cada caso las mejores soluciones, técnicas y económicas, de acuerdo con sus conocimientos y experiencia", dice a SciDev.Net Luis Amil, presidente de la Asociación de Informáticos del Uruguay (AsIAP).
Fernando da Rosa, docente y coordinador del área Multimedia y TIC de la Universidad Estatal y asesor del proyecto original, opina que la norma tiene impactos positivos en varios ámbitos.
"En el ámbito educativo es necesario y conveniente que los estudiantes puedan compartir su conocimiento y el software que usan, pues se da en algunos casos que el software privativo que el estudiante usa en clase, luego lo tiene que tener de manera ilegal en su casa", dice da Rosa.
"Para el usuario común, la ley busca liberarlo de la necesidad de utilizar un único software en su relación con el Estado", como pasa actualmente con empresas que deben comprar un determinado programa informático para hacer declaraciones para el Estado, agrega.
Los expertos coinciden en que aún habrá que esperar a la reglamentación para evaluar el funcionamiento de la norma.
Para da Rosa, por ejemplo, "la ley permite el uso de software privativo mediante una razón fundamentada, por lo cual será necesario fijar los parámetros bajo los cuales se evaluarán esos fundamentos"(con inf. neomundo.ar)
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