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QUITO (AP) — Un grupo de hombres armados acribilló el miércoles a una mujer peruana en una clínica de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil presuntamente por error, ya que ocupaba una habitación en la que hasta el día anterior había sido atendido un hombre que se había salvado de un atentado.

El hecho ocurrió al amanecer cuando cuatro hombres, dos de ellos disfrazados de policías, irrumpieron en la clínica Kennedy, preguntaron por la habitación 1120 y tras amedrentar al personal médico con armas de asalto abrieron fuego contra la ocupante, de unos 40 años.

El general César Zapata, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional, dijo que el anterior paciente “había recibido una tentativa (de asesinato) en el mes anterior, el 20 de abril” y que el martes fue dado de alta.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, informó en su cuenta de Twitter que la policía localizó en el suroeste de Guayaquil el carro y las armas que habrían utilizado en el asesinato. “Vamos a capturar a estos delincuentes y entregarlos a la justicia”.

Junto al vehículo se hallaron dos fusiles y una pistola, agregó la policía.

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Los colombianos se manifestaban el miércoles por octavo día consecutivo en las principales ciudades del país en reclamo del cese del abuso policial y la implementación de políticas sociales que ayuden a la población en medio de la crisis económica derivada de la pandemia.

Las manifestaciones continúan pese a que el presidente Iván Duque retiró la reforma tributaria, la razón por la que se convocaron las primeras protestas el 28 de abril, y propuso instalar un espacio de diálogo con la ciudadanía y los diferentes sectores políticos.

“Qué clase de voluntad de diálogo es cuando no se garantiza el derecho a la protesta pacífica. Quién le va a creer (al presidente) cuando no ha tomado la decisión de desmilitarizar las ciudades colombianas, cuando salimos a marchar y lo primero que pasa es que llegan a reprimirnos”, dijo a The Associated Press la líder estudiantil Jennifer Pedraza, quien se manifestaba en las calles del centro de Bogotá.

Las manifestaciones se dan en medio de preocupantes denuncias sobre violaciones a los derechos humanos: según la Defensoría del Pueblo desde el 28 de abril se han reportado 19 personas fallecidas, entre ellas un policía, y 85 personas desaparecidas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa hay 846 personas lesionadas, 540 policías y 306 civiles.

Las cifras podrían ser mayores según la organización no gubernamental Temblores, que documenta los abusos policiales en el país y contabilizó 31 muertos, 1.443 casos de violencia policial y 10 casos de presunto abuso sexual.

El país atraviesa una crisis económica derivada de la pandemia: el Ministerio de Hacienda calcula que el déficit fiscal será del orden de 7,8 % del Producto Interno Bruto este año, mientras que en 2020 fue de 8,6%. En tanto, el desempleo aumentó a 14% en marzo desde el 12,6% del mismo mes de 2020 en que fue de 12,6%, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

La noche del martes se registraron desmanes en Bogotá. Según la alcaldía, la estela de violencia dejó 30 civiles y 16 policías heridos, ninguno por arma de fuego. Además, fueron vandalizados 19 Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía, tres fueron incinerados y en uno de ellos, ubicado en el sur de la ciudad, “intentaron quemar vivos a 10 uniformados” que se encontraban en su interior.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al ejército custodiar los centros carcelarios para que los policías patrullen las calles, una medida que ha sido criticada por sus opositores y líderes de las marchas por considerar que es una “militarización” de la ciudad.

“Quiero hacerle un llamado a la ciudadanía… la noche de hoy ha demostrado que ninguno de los convocantes tiene capacidad de garantizar que la protesta culminará pacíficamente. Entre más choque haya por vandalismo con el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) y la policía más probabilidad tenemos de que pueda haber abuso o que ciudadanos puedan terminar heridos”, advirtió López la madrugada del miércoles en una declaración oficial en la que también informó que habrá 22 comisiones verificadoras de derechos humanos en las protestas sociales.

La comunidad internacional ha hecho un llamado al gobierno colombiano para que se garantice el derecho a la protesta, ha condenado los actos de violencia e instado al diálogo.

CIUDAD DE MEXICO (AP) — Mientras la madrugada del martes avanzaba en México, algunos se fueron a dormir apesadumbrados y otros recorrían hospitales en busca de familiares que al parecer viajaban en vagones de la Línea 12 del metro, que el lunes por la noche se desplomó sobre una avenida de la capital del país.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 y dejó al menos 23 muertos y 70 heridos, informó la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Unas cinco horas después, la cifra de hospitalizados ascendía a 65, siete de ellos se encontraban en quirófano en estado grave. Entre los fallecidos había menores aunque las autoridades no concretaron el número.

Sheinbaum pidió “no especular y esperar a los peritajes para saber qué ocurrió”, pero garantizó que se realizaría una investigación “profunda” para deslindar responsabilidades. “Si es necesario un peritaje externo, también se realizará”, señaló. Después se informó que la operación de la línea se suspendería por completo y como transporte alternativo para los capitalinos se ofrecerían casi 500 autobuses. La avenida sobre la que ocurrió el occidente también permanecería cerrada.

En las primeras horas después del caos, el presidente Andrés Manuel López Obrador no realizó ningún pronunciamiento, lo que desató críticas de cientos de usuarios en redes sociales.

Los testigos en la zona dijeron escuchar un gran crujido, como un trueno, cuando se venció una trabe justo al paso un tren. Un automóvil quedó aprisionado debajo con una pareja dentro. La estructura estaba a unos cinco metros de altura por encima de la avenida.

La mujer fue sacada del coche, aparentemente con vida, según dijo a periodistas Adrián Loa Martínez, su cuñado. Su hermano permanecía atrapado entrada ya la madrugada. “Está ahí abajo ahorita”, explicaba. “Tantas toneladas ahí arriba... imagínese para mover todo eso”.

En cuestión de minutos, la zona en torno a la estación Olivos se llenó de ambulancias, rescatistas, camiones de bomberos, patrullas de la Guardia Nacional, del ejército y de la Marina. Centenares de personas se arremolinaban nerviosas, incluidos los familiares y amigos que buscaban a los seres queridos que no habían llegado a la casa a la hora prevista y solían utilizar esa línea. En lo alto, se podía observar el vagón totalmente partido.

A medianoche se interrumpió temporalmente el rescate porque el tren estaba “muy débil” y todavía quedaban personas dentro, aunque se desconocía si seguían con vida. Los trabajos se reanudaron cuando llegó una grúa para asegurar el tren e impedir que terminara de caerse.

Fuerzas de seguridad de todos los niveles de gobierno colaboraban en el operativo mientras el gobierno de la ciudad montaba un centro de mando para informar a los familiares y había puesto un cerco para que nadie se acercara.

Con el paso de las horas, la desesperación crecía mientras las autoridades trabajaban en identificar a las víctimas. Algunas listas de heridos y trasladados a hospitales se publicaron al paso de las horas en las redes sociales de las autoridades, pero varios familiares de personas que al parecer viajaban en el metro no lograban encontrar a sus seres queridos. Muchos publicaban fotografías y señas de identidad en redes sociales esperando conseguir alguna pista; otros iban de un hospital a otro y diversas imágenes de televisoras locales los mostraban a las afueras de las clínicas mientras ansiaban obtener información.

Sheinbaum aseguró que había una línea telefónica habilitada para dar información, pero algunos afectados aseguraban a medios que ésta se había colapsado por la alta demanda.

“No nos dan informes, la policía nos empuja, no nos dicen nada, solo se amontona la gente”, explicaba desde el lugar del accidente Oscar López, de 26 años, que buscaba alguna señal de su amiga Ariana Salas, una dentista de su misma edad y embarazada de seis meses que regresaba a su casa después del trabajo.

La madre de la joven le marcó para que acudiera al lugar en cuanto supo la noticia. Al llegar, no podía acercarse, ni encontraba información en los hospitales, con gran actividad previa debido a la pandemia de COVID-19. “Es como mi hermana, no me creo que esté pasando todo esto”, lamentaba. “Algo iba a pasar en este metro”.

El suceso tuvo lugar en la Línea 12 del metro, cuya construcción fue objeto de numerosas denuncias e irregularidades, lo que alimentaba los rumores por mucho que la alcaldesa pidiera esperar a los resultados de los peritajes e insistiera en que siempre hablarían con la verdad por delante.

“Deben investigarse causas y deslindarse responsabilidades”, escribió en Twitter el canciller Marcelo Ebrard, exalcalde de la ciudad de 2006 a 2012. “Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario”.

“Lo ocurrido hoy en el Metro es una terrible tragedia” agregó. “Mi solidaridad a las víctimas y sus familias”.

El Metro de Ciudad de México, uno de los más grandes y transitados del mundo, ha tenido al menos tres accidentes graves desde su inauguración hace medio siglo.

En marzo del año pasado, un choque entre dos trenes en la estación de Tacubaya dejó un pasajero muerto y causó lesiones a 41 personas.

En 2015, un tren que no frenó a tiempo se estrelló contra otro en la estación de Oceanía, causando heridas a 12 personas, en lo que las autoridades calificaron luego de un “doble error humano”.

El accidente más grave fue un choque en la estación Viaducto en 1975, hubo 31 muertos y más de 70 heridos, de acuerdo con el diario El Universal.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — José Luis Hernández Martínez cruzaba Ciudad de México todos los días en la Línea 12 del metro, entre su casa en el sur de la ciudad y el taller de carrocería donde trabajaba reparando vehículos chocados.

El hombre, de 61 años, viajaba el lunes por la noche en un tren que había salido del subsuelo de la ciudad y circulaba por un tramo elevado lejos del centro cuando dos de sus vagones naranjas cayeron de pronto al vacío.

Hernández Martínez murió en el acto, indicó su hijo, Luis Adrián Hernández Juárez. Es uno de los fallecidos de uno los peores accidentes de metro del mundo que se cobró la vida de 25 personas, según la última cifra dada a conocer por la fiscalía capitalina el martes por la noche. Más de 70 personas resultaron heridas.

“Mi papá fue rescatado sin signos vitales. Con traumas en el tórax, en el cerebro, en los pies, en las rodillas, hematomas”, dijo Hernández Juárez, que se aferraba al certificado de defunción. El personal de emergencias le dijo que su padre había quedado aplastado por otros pasajeros. “Es algo muy feo ver a tu padre así por última vez”.

Los primeros datos apuntan a un fallo estructural en las vigas de apoyo como causa del siniestro, según las autoridades.

La alcaldesa Claudia Sheinbaum instó a la población a evitar especulaciones y prometió una investigación profunda e independiente. Las autoridades esperaban presentar un primer informe preliminar sobre accidente el viernes.

La Línea 12 es la más larga y más nueva de la Ciudad de México, pero ha tenido una sucesión de problemas desde que empezó a operar en 2012. Su recorrido llega hasta la zona más rural al sur de la ciudad, donde suben trabajadores para llegar a sus puestos por toda la ciudad. Unos 220.000 pasajeros utilizan a diario la Línea 12.

La indignación de la gente ya ha encontrado varios blancos, como la directora del metro, Florencia Serranía. Sheinbaum dijo que no había recibido reportes de problemas en la Línea 12 que sugirieran la posibilidad de un fallo como el del lunes por la noche.

Serranía dijo el martes que la línea recibía una inspección diaria “muy rigurosa”. También se revisó en junio de 2020 tras un sismo fuerte pero que no dejó daños significativos en la ciudad, añadió. Un reporte municipal de 2017 identificó, sin embargo, daños importantes en un tramo de la línea tras el terremoto de magnitud 7,1 de ese año.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que fue alcalde de la Ciudad de México entre 2006 y 2012, cuando se construyó la línea, también recibió críticas. Ampliamente considerado como el posible sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard dijo que los responsables debían ser identificados y añadió que colaboraría con las autoridades.

Aunque podría tomar meses determinar qué provocó el accidente, y más aún identificar a un responsable, los familiares de muchas víctimas afrontan necesidades inmediatas provocadas por la pérdida de sus cabezas de familia.

Gisela Rioja pasó el lunes por la noche y el martes por la mañana recorriendo los hospitales de la ciudad en busca de información sobre su marido, Miguel Ángel Espinosa Flores, que trabajaba en unos grandes almacenes a unas pocas paradas del lugar del accidente.

Lo encontró el martes en una morgue en el barrio de Iztapalapa. Lo describió como trabajador, responsable y feliz. Ella y sus dos hijos dependían de sus ingresos.

“Yo quiero justicia para mi esposo porque no con un simple perdón va a regresar con nosotros”, dijo. “Para mí era un amor, para mí era todo. Me duele mucho, mucho, mucho por cómo terminó.”

Luisa Martínez esperaba sentada el martes por la tarde ante las oficinas municipales de Iztapalapa a que se entregara el cadáver del esposo de su sobrina, Carlos Pineda, un dentista de 38 años. Pineda deja una esposa y dos hijos, de 7 y 13 años.

″Él era el que mantenía a su familia. Ahora ellos quedaron sin sustento”, dijo Martínez. “Nos tienen que indemnizar ahora. No lo quiero en un año ni en dos años como todo trámite burocrático”.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le preocupa que otra turbia liberación de un narcotraficante pueda convertir a México en blanco de burlas internacionales.

Hace casi ocho años, el narcotraficante Rafael Caro Quintero salió de prisión a altas horas de la noche gracias a una orden de liberación emitida incorrectamente. Desde entonces, Caro Quintero regresó al tráfico de drogas y ha ocasionado sangrientas batallas territoriales en el estado fronterizo de Sonora, en el norte de México.

El sábado, Héctor “El Güero” Palma, otro capo del cártel de Sinaloa, estuvo a punto de salir en circunstancias similares, después de que el secretario de un juez envió una carta —en sábado y en feriado nacional— diciendo que el gobierno tenía que liberarlo inmediatamente tras quedar absuelto de los cargos de crimen organizado.

“Este es un asunto de importancia nacional”, dijo López Obrador el lunes. “Imagínense la sospecha, las bromas, los memes”.

“Pasó algo parecido cuando se liberó al señor Caro Quintero”, recordó el mandatario. “No sé si fue el fin de semana... se lo libera y luego viene la denuncia de los Estados Unidos, y revocan la decisión”.

Agregó que “ningún gobierno extranjero debe acusar al gobierno mexicano y nosotros no debemos dar motivo para eso”.

El juez envió el domingo otra notificación diciendo que Palma debía ser liberado antes de las 4 de la tarde. López Obrador dijo que los fiscales obtuvieron una extensión de 48 horas para buscar cualquier orden judicial pendiente que pudiera justificar su detención. El plazo se acaba el martes. El presidente dijo que si no se encuentra ninguna orden, Palma debe ser liberado.

México está comenzando a ganarse la reputación de un gobierno que, con López Obrador, ha liberado a más narcotraficantes de los que ha capturado, parte de la política del presidente de no mantenerlos detenidos para evitar la violencia.

“El Güero” Palma fue uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien está preso en Estados Unidos.

Palma fue arrestado en México en 1995 y estuvo preso 12 años por cargos de soborno y armas antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2007, donde cumplió nueve años de una sentencia de 16 años por tráfico de cocaína, antes de ser enviado de regreso a su país, donde fue juzgado por los cargos de crimen organizado de los que fue absuelto la semana pasada.

El sistema judicial de México tiene mala reputación y las órdenes de liberación nocturnas o en fines de semana no le ayudan. López Obrador dijo que presionaría por una reforma para que tales órdenes no se emitan los fines de semana.

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Entrevista con Ana José, de la Cámara Hispana de Ciomercio del Oeste de Michigan.

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