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SAN SALVADOR (AP) — La Asamblea Legislativa de El Salvador rechazó el miércoles reformar el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes consientan o realicen un aborto, cerrando así las puertas para permitirlo incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo.

Con los votos de 73 de los 84 diputados, el Congreso unicameral rechazó la solicitud presentada por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para reformar el artículo 133 del Código Penal para autorizar el aborto en tres causales: cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando la vida del feto sea inviable y cuando el embarazo sea producto del estupro o violación en mujeres y menores de edad.

“Esta reforma es inconstitucional. Aquellos colectivos que se aprovechan de las mujeres organizadas parta sacarlas en marchas, ya basta. La reforma al 133 jamás va a garantizar el aborto porque es tan inconstitucional desde el artículo 1 de la Constitución”, dijo tajantemente le diputada Marcela Pineda, del partido oficialista Nuevas Ideas.

“Me parece que el aborto debería ser penalizado más drásticamente porque aún hoy en día sigue habiendo muchos abortos clandestinos”, agregó el diputado Guillermo Galles del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA):

Los diputados argumentaron su rechazo señalando que, en una sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del año 2013 “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto para contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción”.

Esta es la cuarta iniciativa que desde 1998 se presenta al Congreso para pedir la despenalización del aborto.

El aborto está penalizado de manera absoluta en El Salvador desde la reforma del Código Penal en 1998. Antes de la reforma, desde 1974, el aborto era permitido en tres causales: cuando la vida de la mujer estuviera en riego, por malformaciones previsibles y graves en el feto y cuando el embarazo era producto de violación.

Recientemente el presidente Nayib Bukele descartó que dentro de un proyecto de reformas constitucionales que presentará en los próximos meses, se esté pensando incluir temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia.

“He decidido, para que no quede NINGUNA DUDA, no proponer ningún tipo de reformas A NINGUN ARTICULO que tenga que ver con el DERECHO A LA VIDA (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, UN HOMBRE Y UNA MUJER) o con la eutanasia”, dijo el mandatario en una publicación en su cuenta oficial de Facebook.

El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado derogar la ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, pero no han obtenido resultados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha exhortado a El Salvador a que revise las condenas de las mujeres encarceladas pro haber abortado.

El Salvador es inflexible con las mujeres que enfrentan embarazo no deseado. Sin importar si sus vidas están en peligro o si se trata de niñas víctimas de violación, la ley lo castiga. Actualmente hay más de 40 mujeres cumpliendo condenas entre 10 y 30 años de cárcel por haber abortado.

La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso, el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos. De ser encontradas culpables, las penas varían de los dos a los ocho años. No obstante, en muchos casos el delito se cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima con el victimario y las mujeres pueden llegar a ser condenadas hasta 30 años de prisión.

Entre 2014 y 2020 la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto registró 190 mujeres procesadas. De éstas 46 fueron condenadas por homicidio agravado y unas 30 por aborto.

Se estima que, en El Salvador, una nación de casi siete millones de habitantes, unas 25.000 mujeres quedan embarazadas tras ser violadas cada año y se realizan miles de abortos clandestinos.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades mexicanas advirtieron el miércoles que grupos del crimen organizado estarían utilizando videojuegos para reclutar a menores de edad y exhortaron a los padres a estar alertas.

En medio de la creciente violencia que golpea a varios estados de México, que ha desatado las críticas de analistas y opositores contra las políticas de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las autoridades denunciaron que organizaciones criminales estarían utilizando videojuegos como “Free Fire”, “Call of Duty”, “Gears of War” y “Grand Theft Auto V” para reclutar a menores.

La declaración de las autoridades fue considerada por analistas como un intento del gobierno de López Obrador de distraer la atención de problemas más urgentes y graves, como los que existen en algunas regiones donde organizaciones delictivas mantienen abiertos enfrentamientos armados por el control del tránsito de la droga y otros productos y el paso de migrantes mientras la población se mantiene en zozobra y las fuerzas de seguridad se encuentran limitadas por contenerlos.

Durante la conferencia matutina presidencial, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, presentó un informe sobre un supuesto modus operandi que estarían utilizando integrantes de organizaciones criminales para captar a jóvenes, interesados en los juegos con armas, e invitarlos a eventos privados donde les dan instrucciones para su reclutamiento.

Mejía afirmó que los reclutadores tienen conocimientos de tecnología, lo que les permite burlar los algoritmos de las consolas Xbox y PlayStation y de los videojuegos.

El subsecretario de Seguridad no presentó cifras de los niños que habrían sido captados por las organizaciones criminales bajo esa modalidad y solo citó el caso de tres menores de edad, que eran usuarios de “Free Fire”, que habrían sido reclutados a través del videojuego y a los que luego se les ofreció un trabajo para permanecer en un área chequeando “frecuencia de radio y avisar si hay presencia policiaca”.

Mejía indicó que gracias a labores de inteligencia y de un “sicario simulado” se logró entrar al juego y rastrear la ubicación de los tres menores en el estado sureño de Oaxaca, donde elementos de la Fiscalía General y la policía los recataron y detuvieron a una mujer que habría actuado como intermediaria.

La Fiscalía General de Oaxaca informó el 14 de octubre que fueron rescatados tres menores, con edades entre 11 y 14 años que eran originarios de la localidad sureña de Tlacolula de Matamoros que habían sido reportados como desaparecidos, quienes fueron reclutados por integrantes del crimen organizado a través del videojuego de “Free Fire”.

“Hay que tener cuidado y dedicar más tiempo a los niños”, afirmó López Obrador al exhortar a los padres a estar atentos. “Estos juegos están diseñados para entretenerlos, pero no necesariamente son buenos los contenidos y hay que reflexionar”, agregó.

La presentación de la denuncia sobre el uso de los videojuegos por las organizaciones criminales coincidió con la difusión de las cifras mensuales de incidencia delictiva en México.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo el miércoles a la prensa que entre enero y septiembre los delitos federales tuvieron una disminución de 23% en comparación con igual período del año pasado y los homicidios dolosos registraron un descenso de 3,4% para un acumulado de 25.392 asesinatos. En los estados de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco, México y Chihuahua se concentra la mitad de los homicidios del país.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, que sigue la incidencia delictiva en México, afirmó que aunque la denuncia de las autoridades es fundamental “no es lo más relevante en este momento” ante lo que consideró como una “seria problemática de violencia” que enfrenta la nación latinoamericana que aseguró que no está siendo atendida.

Al referirse a las cifras de incidencia delictiva presentada por las autoridades, Rivas dijo a la AP que resultaba preocupante que los casos de feminicidios, violencia familiar, violación, homicidios y narcomenudeo se encuentren entre los tres primeros lugares en México, y sostuvo que “habría que tener una respuesta mucho más profunda y clara alrededor de los problemas reales de violencia que sufre el país”.

Sobre el tema de reclutamiento de menores por parte de las organizaciones criminales, el analista indicó que de acuerdo a un estudio realizado este año por el Observatorio Nacional Ciudadano, los videojuegos no son el principal aspecto, y agregó que según el trabajo de campo y la revisión documental la captación de menores por parte de la delincuencia se da por la “cercanía con el delito, la marginación, el abandono escolar, el abandono familiar”.

“Entre 145.000 y 250.000 niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo de ser reclutados o utilizados por alguna agrupación delictiva a lo largo del país”, señala la referida investigación que advierte además que “no existen políticas sociales que garanticen los estándares nacionales e internacionales de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes”.

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Una huelga paralizó comercios, escuelas y el transporte público en Haití, y sindicatos y otras organizaciones juraron continuar la medida de fuerza el martes en una muestra de furia por la criminalidad creciente mientras las autoridades tratan de rescatar a 17 miembros de un grupo de misioneros estadounidense secuestrados el domingo.

Agentes del FBI y otros funcionarios estadounidenses ayudan a las autoridades haitianas a buscar a los 12 adultos y cinco menores de la organización de beneficencia Christian Aid Ministries de Ohio, secuestrados el domingo cuando visitaban un asilo para huérfanos.

El ministro de Justicia, Liszt Quitel, dijo al diario Wall Street Journal que la pandilla exige 17 millones de dólares, 1 millón por cada secuestrado. Los niños tienen ocho meses, tres, seis, 14 y 15 años, añadió.

Quitel no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.

Es el secuestro más numeroso de los años recientes. Las pandillas actúan con descaro creciente y los secuestros aumentan mientras el país trata de recuperarse del asesinato, el 7 de julio, del presidente Jovenel Moïse y un terremoto de magnitud 7,2 el 14 de agosto que causó más de 2.200 muertes.

“Exigimos que las autoridades tomen medidas”, dijo Jean-Louis Abaki, conductor de un mototaxi que se sumó a la huelga el lunes para protestar por los asesinatos y secuestros en la nación más pobre del hemisferio occidental.

Con las calles habitualmente caóticas de la capital haitiana ahora silenciosas y casi desiertas, Abaki dijo que si el primer ministro Ariel Henry y el jefe de policía Léon Charles quieren continuar en el poder, “deben darle a la población algo de seguridad”.

La policía haitiana dijo a The Associated Press que los 16 estadounidenses y un canadiense fueron secuestrados por la pandilla 400 Mawozo, que tiene un largo prontuario de asesinatos, secuestros y extorsión. En abril, un hombre que dijo ser el cabecilla del grupo dijo por radio que era responsable del secuestro de cinco sacerdotes, dos monjas y tres parientes de uno de los curas ese mes. Posteriormente los dejaron en libertad.

La Policía Nacional recibió al menos 328 denuncias se secuestros en los primeros ocho meses de 2021, comparado con 234 en todo 2020, según un informe de la Oficina Integrada de la ONU en Haití.

Se ha acusado a las pandillas de secuestrar a escolares, médicos, agentes policiales, pasajeros de bus y otras personas por las que exigen rescates de entre un par de cientos y millones de dólares.

El vocero del Departamento de Estado estadounidenses, Ned Price, dijo que agentes de Estados Unidos mantienen contacto constante con la policía haitiana, el grupo misionero y los parientes de las víctimas.

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Las negociaciones para conseguir la liberación de 17 miembros de un grupo misionero con sede en Estados Unidos, secuestrados el fin de semana por una violenta pandilla haitiana que reclamaba un millón de dólares por persona, se alargaron a un cuarto día.

El grupo incluía cinco niños de entre 8 meses y 15 años, aunque las autoridades no aclararon si las peticiones de rescate los incluían a ellos, según dijo el martes un destacado funcionario haitiano. Dieciséis de los secuestrados eran estadounidenses y uno canadiense.

En la primera mitad de octubre se registraron al menos 119 secuestros en Haití, según el Centro de Análisis e Investigación de Derechos Humanos, un grupo local sin fines de lucro. Un conductor haitiano fue capturado junto con los misioneros, señaló el grupo, lo que elevó a 18 el total de personas secuestradas por la pandilla.

El funcionario haitiano, que no estaba autorizado a hablar con la prensa, dijo a The Associated Press que una persona de la banda 400 Mawozo había reclamado el rescate el sábado en una llamada al líder de Christian Aid Ministries, con sede en Ohio, poco después del secuestro.

“Este grupo de trabajadores ha estado comprometido con su ministerio en la empobrecida Haití”, indicó el grupo religioso. El último proyecto de los misioneros había sido ayudar a reconstruir casas derruidas en el terremoto de magnitud 7,2 que golpeó el suroeste de Haití el 14 de agosto, señaló el grupo misionero.

La comitiva regresaba de visitar un orfanato cuando se produjo el secuestro, dijo la organización.

En respuesta a la reciente oleada de secuestros, trabajadores haitianos iniciaron una huelga el lunes que dejó cerrados negocios, escuelas y redes de transporte público. El paro era un nuevo golpe a la frágil economía haitiana. Los sindicatos y otros grupos prometieron continuar la huelga de forma indefinida.

En una manifestación pacífica el martes al norte de Puerto Príncipe, docenas de personas caminaron por las calles de Titanyen para pedir la liberación de los misioneros. Algunos llevaban carteles con mensajes como “Liberen a los estadounidenses” y “¡No a los secuestros!” y explicaron que los misioneros les habían ayudado a pagar facturas y a construir carreteras y escuelas.

“Hacen mucho por nosotros”, dijo Beatrice Jean.

Entre tanto, la escasez de combustible en el país fue a peor y los negocios culpaban a las pandillas por bloquear carreteras y terminales de distribución de combustible.

Cientos de motocicletas recorrieron el martes las calles de Puerto Príncipe mientras los conductores gritaban “¡Si no hay combustible, vamos a quemarlo todo!”.

Hubo una protesta cerca de la residencia del primer ministro, donde la policía lanzó gas lacrimógeno para dispersar a una multitud que reclamaba combustible.

En Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki, dijo el martes que el FBI formaba “parte de un esfuerzo coordinado del gobierno estadounidense” para liberar a los misioneros. La embajada estadounidense en Puerto Príncipe se coordinaba con funcionarios locales y familiares de los rehenes.

“Sabemos que estos grupos atacan a ciudadanos de Estados Unidos porque asumen que tienen recursos y finanzas para pagar rescates, aunque no sea el caso”, dijo Psaki. El gobierno ha instado a los ciudadanos estadounidenses a no visitar Haití, señaló.

La posición tradicional de Estados Unidos es no negociar con secuestradores, y Psaki rechazó comentar detalles de la operación.

Es el secuestro más numeroso de su clase en los últimos años. Las bandas haitianas se han vuelto más audaces tras el asesinato el 7 de julio del presidente, Jovenel Moïse, y del sismo que mató a más de 2.200 personas.

Las personas secuestradas eran seis mujeres, seis hombres y cinco niños, dijo Christian Aid Ministries. Un cartel en la puerta de la sede de la organización en Berlin, Ohio, indicaba que estaba cerrado debido a la situación de secuestro.

Las noticias sobre el suceso se extendieron con rapidez por el condado Holmes, Ohio, hogar de una de las comunidades más grandes de amish y menonitas conservadores en Estados Unidos, explicó Marcus Yoder, director ejecutivo del Centro de Patrimonio Amish y Menonita en el cercano Millersburg, Ohio.

Christian Aid Ministries tiene apoyo de grupos conservadores menonitas, amish y comunidades similares que forman parte de la tradición anabaptista.

La organización se fundó a principios de la década de 1980 y empezó a trabajar en Haití esa década, dijo Steven Nolt, profesor de historia y estudios anabaptistas en Elizabethtown College, Pensilvania. El grupo tiene una misión con personal permanente en Haití y varios condados, y envía material religioso, escolar y médico a diferentes lugares del mundo.

SAN JOSÉ (AP) — El asesinato múltiple de seis personas en una finca agrícola conmocionó el lunes a Costa Rica y mantiene ocupadas a las autoridades, que aún no tienen claro los motivos del hecho.

Entre los fallecidos está el estadounidense Steve Paul Sandusky, quien fue hallado en su propiedad junto a otras cinco víctimas costarricenses que llegaron el domingo a su finca en Llano Bonito de Buenos Aires de Puntarenas, en la zona sur del país.

El crimen consterna al país de Centroamérica con la menor tasa de homicidios (11.1 por cada 100.000 habitantes) y con un promedio diario de 1,5 muertes de este tipo por día, por lo que el hallazgo de seis personas en un solo hecho es motivo de preocupación y un amplio despliegue policial.

Según detalló el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, Sandusky era residente en Costa Rica, donde poseía esta propiedad agrícola, y habría llamado a un hombre de apellidos Quesada Cascante de 44 años para que hiciera reparaciones a una maquinaria. Quesada Cascante viajó a la propiedad de Sandusky en compañía de su esposa de 41 años y su hijo de 20 años, además de otras dos personas de apellidos Borbón y Zúñiga.

El relato policial indica que los familiares de estas personas perdieron contacto con ellos pasado el mediodía del domingo, por lo que al percatarse que no había regresado a sus casas en la noche, salieron a buscarlos.

Los familiares reportaron a la policía el hallazgo de los seis cuerpos en la propiedad de Sandusky a eso de la 1:00 a.m. El estadounidense y otra de las víctimas fueron encontrados calcinados, mientras que a otro de los cuerpos lo habían roseado con combustible, pero no fue quemado. Los cuerpos restantes tenían impactos de bala.

Preliminarmente, las autoridades presumen que el móvil del crimen habría sido el robo, pues la casa del estadounidense mostraba signos de haber sido registrada y una de las ventanas estaba quebrada. El acceso a la casa constaba de un camino privado de aproximadamente 4 kilómetros hasta una calle pública.

La violencia del crimen y la poca claridad sobre los hechos dada la lejanía del lugar, obligaron al OIJ a desplazar equipos de inspecciones oculares y medicina forense desde San José para tratar de encontrar pistas que permitan determinar lo sucedido y hallar a los responsables, pues hasta el momento no hay sospechosos de este múltiple asesinato.

The Associated Press consultó a la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica sobre la identidad del estadounidense fallecido y si se habían hecho gestiones para contactar a sus familiares. Sin embargo se indicó que debido a la Ley de Privacidad no se puede brindar ningún dato al respecto.

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