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LA PAZ (AP) — Las protestas sociales en Bolivia se agravaron el lunes mientras está por cumplirse el ultimátum del líder de los movilizados al presidente Evo Morales para que renuncie esta misma noche.

Las manifestaciones comenzaron tras las elecciones del 20 de octubre que dieron como ganador a Morales en primera vuelta, victoria que opositores y un movimiento cívico-ciudadano desconocen alegando que el mandatario hizo fraude para reelegirse a un cuarto mandato. En tres semanas de movilizaciones han fallecido dos opositores.

Morales estaba reunido el lunes con líderes de sindicatos que lo respaldan. La víspera, el mandatario rechazó la conminatoria y acusó a los opositores de gestar un golpe de Estado para derrocarlo.

“Vamos a resistir y estoy seguro que el pueblo está organizado”, dijo en una entrevista por radio.

En los hechos el gobierno afronta dos frentes opositores que hasta la semana pasada eran uno solo. El expresidente Carlos Mesa, líder de la centrista Comunidad Ciudadana (CC), segundo en los comicios, demandó la víspera nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral y llamó a sus seguidores a mantener las movilizaciones.

En el frente más radical están las plataformas ciudadanas bajo el liderazgo del empresario Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien conminó a Morales a renunciar hasta el lunes tras la muerte de dos manifestantes opositores.

“No estamos derrocando a un gobierno, estamos liberando a una nación”, dijo Camacho el sábado ante una gran concentración en Santa Cruz, un bastión opositor.

A pedido del gobierno una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) comenzó una auditoria electoral, pero la oposición la rechaza bajo la sospecha de que avale el resultado.

Morales dijo que el informe, que se espera sea concluido en 10 días, será “técnico-legal y no político”. Negó que haya fraude y emplazó a sus detractores a presentar pruebas.

Es la mayor protesta que enfrenta Morales en sus casi 14 años en el poder. El mandatario ya había llegado debilitado a los comicios por escándalos de corrupción y su empeño de reelegirse pasando por alto un referendo que le negó esa posibilidad, lo que encendió el rechazo ciudadano a pesar de la buena gestión económica que garantizó estabilidad, baja inflación y crecimiento.

El respeto al voto moviliza las protestas. De parte del gobierno, grupos afines también protagonizan marchas para exigir que se respete el resultado.

Ciudades casi paralizadas por paros y cortes de ruta, barricadas callejeras opositoras, transporte parado, comercio a medias, suspensión de labores escolares, marchas a favor y en contra de Morales, vigilas, cacerolazos y choques con heridos y detenidos entre opositores y oficialistas son cotidianos desde hace 13 días en un país que quedó polarizado.

Las fuerzas armadas no se han pronunciado ante el conflicto.

 

NUEVA YORK (AP) — Un juez ratificó el martes que el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán comenzará el próximo mes en Nueva York.

El juez Brian Cogan rechazó el pedido de la defensa de postergar el proceso a fin de tener más tiempo para examinar la cuantiosa evidencia.

La selección del jurado tendrá lugar la próxima semana tal como estaba previsto, dijo el magistrado y el 13 de noviembre se escucharán las declaraciones iniciales.

Guzmán se ha declarado inocente de acusaciones de que su cártel de drogas lavó millones de dólares y fue responsable de una larga serie de asesinatos y secuestros.

El juicio en el tribunal federal de Brooklyn podría durar unos cuatro meses, y se realizará bajo intensas medidas de seguridad. Se prevé que varios colaboradores del gobierno testificarán sobre una larga lista de asesinatos.{jcomments on}

LAREDO, Texas, EE.UU. (AP) — Juan David Ortiz parecía llevar una vida típica de suburbio en un barrio de casas nuevas junto al desierto.

Sirvió en la Armada, de la que se fue hace nueve años, para incorporarse a la Patrulla de Fronteras, igual que hacen tantos otros en esta ciudad del sur de Texas. Con su esposa criaban dos hijos. Los vecinos lo veían ir y venir e intercambiaban saludos.

Nadie en Laredo se hubiera imaginado que Ortiz podía ser presentado algún día como un asesino múltiple. Este agente de 35 años ha sido acusado de matar a cuatro mujeres que los fiscales describen como trabajadoras sexuales. Las cuatro recibieron un tiro en la cabeza y fueron dejadas al costado de rutas de Texas.

Ortiz está preso y la fianza se fijó en 2,5 millones de dólares. Está bajo un régimen de prevención de suicidio.

El caso estremeció a las comunidades de la frontera con México y desconcertó a las autoridades, que se empeñan en devolver la confianza en los agentes de la Patrulla de Fronteras y en otras dependencias policiales.

“Queremos saber la verdad y hacer justicia con las víctimas”, declaró el procurador del condado de Webb Isidro Alaniz. “Si bien el motivo no es un elemento en un asesinato, queremos saber lo que le pasaba por la cabeza a este individuo acusado, por qué lo hizo”.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que las autoridades siguen investigando y que por ahora no hay indicios de que haya más víctimas.

La mayoría de los residentes de Laredo tienen un familiar o un amigo en la Patrulla de Fronteras, responsable de vigilar el río Bravo que separa a Estados Unidos y México, y bordea Laredo. Incluso quienes se oponen a la construcción de un muro fronterizo y a las políticas más duras hacia la inmigración ilegal que promueve el gobierno de Donald Trump a menudo hablan bien de los agentes que conocen.

“No lo podía creer”, declaró a la Associated Press Colette Mireles, hermana de Claudine Luera, una de las víctimas. “Pensamos que sería otro, no un agente. Pero no podemos responsabilizar a la Patrulla de Fronteras. Este fue un acto horrendo que hizo por cuenta propia”.

Ortiz se crió en Texas y se enroló en la Armada el 5 de julio del 2001, un mes después de cumplir 18 años. Se especializó en primeros auxilios para heridos en combate y sirvió en la Armada unos ocho años. Cuando se fue de la Armada fue empleado de inmediato por la Patrulla de Fronteras. Se postuló también para otros puestos en organismos policiales y el Departamento de Policía de San Antonio le ofreció empleo, de acuerdo con el canal televisivo KSAT de San Antonio. Pero Ortiz desechó ese ofrecimiento.

“Decidí iniciar una carrera con el Departamento de Seguridad Nacional por recomendación de familiares y amigos”, escribió Ortiz en una carta.

Indicó que le habían ofrecido dos incentivos: Un sueldo más elevado que el de un principiante y la posibilidad de contabilizar los ocho años servidos en la Armada para completar los 20 años de trabajo requeridos para retirarse con beneficios que incluían una pensión de por vida.

El Servicio de Protección de Aduanas y Fronteras, del que depende la Patrulla de Fronteras, no comentó la carta de Ortiz ni las promeses que se le hicieron. La jefa de la Patrulla Carla Provost nombró esta semana un nuevo jefe para el sector de Laredo, dos de cuyos agentes fueron acusados de asesinato este año.

Ortiz se incorporó a la Patrulla en agosto del 2009, basado primero en la pequeña población de Cotulla y luego en Laredo. Llegó a supervisar gente mientras sacaba una maestría en la St. Mary’s University de San Antonio en el 2013.

Una semana después de su arresto hay todavía pocos indicios que expliquen lo que pasó. Su abogado Joey Téllez emitió un comunicado diciendo que llevaba a cabo su propia investigación y que no comentaría el caso por ahora.

Ortiz y su esposa compraron una casa hace un año. Varios vecinos dicen que saben poco del hombre acusado de los asesinatos. Un agente de la Patrulla de Fronteras que vive cerca de la casa de Ortiz no quiso hablar del tema cuando un periodista se le acercó.

Los fiscales difundieron una entrada en Facebook en la que, poco antes de entregarse, Ortiz escribió, “el doctor Ortiz se va. Hasta luego”. Más adelante dijo: “A mi esposa e hijos, los quiero”.

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