Por Ramón Peralta
La reciente decisión tomada por la Suprema Corte y que fue decidida por la mayoría conservadora, de abrir más las puertas a la contribución del gran dinero en las elecciones nacionales, es un rudo golpe a la transparencia del proceso democrático de esta nación.
La disposición del alto tribunal deja en manos de los multimillonarios el manejo del proceso político bajo un falso tecnicismo, de que limitar su contribución monetaria a las campañas políticas constituye una violación al derecho de libre expresión o libertad política de los multimillonarios.
La decisión echa por el suelo la preocupación de amplios sectores de la nación que por años han querido disminuir el papel del dinero en el proceso electoral para darle más transparencia. Muchos han sido los debates que desde 1970 se han llevado a cabo en el Congreso para limitar la influencia del dinero en las campañas políticas. Por años se impusieron topes a la contribución que un candidato podía recibir de un donante. Sin embargo, en una disposición anterior a la que hacemos referencia, la Suprema Corte estableció que las corporaciones eran sujetos o personas de derecho y que por tanto podían hacer contribuciones a un candidato aunque se limitaba el número de ellos. Con la nueva disposición se amplía la anterior y deja el camino abierto a los millonarios para donar a cuantos políticos les parezca.
Es un hecho ampliamente documentado que las elecciones cada vez están determinadas por el flujo del dinero en las campañas políticas. Se ha demostrado también, que ese dinero que llega a las campañas no tiene otro fin que comprar favores e influencias en las instancias de gobierno. El gasto electoral del país se ha convertido en un mecanismo del gran dinero para lograr objetivos políticos beneficiosos a sus intereses económicos.
Además de abrir las puertas a las contribuciones individuales o corporativas, el sistema electoral permite la formación de grupos “independientes” que pueden colectar dinero sin límite y que no están obligados a revelar el nombre de sus donantes. Esta brecha del sistema es aprovechada sistemáticamente por los millonarios para transferir dinero a un candidato que favorezca sus intereses.
No hay lugar a dudas, de que estamos enfrente de un sistema político viciado por la corrupción del dinero. Pero lo peor del caso es que esto se legitime como un derecho a la “libre” expresión, como lo expresó John Roberts, el “Jefe de la Suprema” o “Chief Justice”.
Si hasta ahora habíamos estado escandalizados por el elevado costo y el elemento corruptor del dinero en las elecciones, lo que viene ahora no tiene nombre. El dinero para comprar políticos y la conciencia de votantes correrá a sus anchas. Al mismo tiempo, los medios estarán de fiesta porque el dinero se volcará hacia ellos como nunca antes. A través de ellos es que se consuma la compra y venta de votantes. El dinero que se invierte en la campaña política tiene el mismo objetivo que el que se invierte en el mercado de valores. No pequemos de ingenuos en creer que las grandes cantidades de dineros que los multimillonarios ponen en las elecciones lo hacen por el prurito de la simple participación. No. Ese dinero se usa para legitimar posiciones ideológicas beneficiarias a sus donantes y para proveer a éstos acceso a los mecanismos de decisiones políticas. Acaso no es esto lo que ha posibilitado en los últimos años que las decisiones económicas tomadas en el Congreso favorezcan más y más a los grupos del poder económico y marginen sistemáticamente las políticas sociales tendientes a beneficiar a los sectores bajos? Acaso no es esto lo que ha permitido que seamos una sociedad cada vez más polarizada económicamente? Esto no es un producto de la casualidad. Esas decisiones se compran y se venden durante el proceso electoral. Por eso los multimillonarios están dispuestos a invertir en el proceso y la Suprema ha complacido sus deseos. De esa manera se está consumando la venta de nuestra democracia.
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