TEGUCIGALPA (AP) — El abogado hondureño defensor de
derechos humanos que fue asesinado el domingo en Tegucigalpa había
solicitado medidas cautelares urgentes para su protección personal ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y responsabilizó de su
eventual muerte a empresarios de la palma africana, de acuerdo con un
documento al que The Associated Press ha tenido acceso.
Antonio Trejo Cabrera, de 41, era representante legal de campesinos en el conflicto por la tierra del Valle del Bajo Aguán, en el norte de Honduras.
En el documento, enviado a Washington por el director del Consejo Hondureño de Derechos Humanos en junio de 2011, Trejo escribió: "De sucederme algo a mí, a mis bienes o a mi familia, responsabilizo a los señores Miguel Facussé (...), quienes pueden atentar contra mi vida mediante sicariato, ya que saben que las demandas que hay en su contra están prosperando y los campesinos van a recuperar las tierras que les despojaron ilegalmente".
La CIDH dijo que no puede confirmar el estado de la solicitud porque la tramitación de medidas cautelares es confidencial.
Trejo fue asesinado la madrugada del domingo tras asistir a una boda. Era responsable de los asuntos jurídicos de tres cooperativas campesinas del Valle del Bajo Aguán: San Isidro, La Trinidad, y El Despertar, centro de un conflicto por la tierra entre organizaciones agrarias y terratenientes locales por el que han muerto más de 60 personas en los últimos dos años y medio.
En julio, Trejo consiguió recuperar el dominio jurídico pleno de los campesinos sobre las fincas San Isidro, La Trinidad y Despertar, que hasta entonces estaban en manos de los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales tras un proceso legal iniciado en 1998.
José Trejo, hermano del abogado asesinado, dijo a la AP que Antonio era un campesino más. "El nació en la cooperativa San Isidro, él jugó descalzo al fútbol y nuestro padre hizo el esfuerzo para mandarlo a estudiar a la capital, donde se hizo abogado y peleó por la tierra hasta lograr que la justicia nos la devolviera después que se vendiera fraudulentamente a Miguel Facussé en 1993".
Durante el funeral, celebrado la mañana del lunes en el cementerio de San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, tanto familiares como compañeros de profesión de Trejo denunciaron que éste había sido víctimas de amenazas reiteradas contra su vida relacionadas con su trabajo.
Enrique Flores Lanza, secretario de la junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras, dijo ante el ataúd de Antonio Trejo que "hace aproximadamente un mes, el abogado Trejo compareció ante la junta directiva del Colegio de Abogados de Honduras para informarnos de que su vida corría peligro, junto a la de la abogada Marlene Cruz".
Marlene Cruz, apoderada legal del Movimiento Unificado Campesino del Aguán y compañera de trabajo del abogado asesinado, dijo a la AP que para el 19 de octubre ambos tenían fijada una audiencia en la CIDH para presentar un recurso en favor del abogado Trejo y una denuncia "contra el sicariato generalizado que se viene aplicando en el Valle del Bajo Aguán y ha dejado ya más de sesenta muertos".
Flores Lanza añadió que Trejo "siempre fue claro respecto a los casos que manejaba, los intereses que tocaba y el peligro que corría", y lamentó que "los asesinatos de abogados se han convertido en algo cotidiano en Honduras".
Roger Pineda, director ejecutivo de la Corporación Dinant, propiedad de Miguel Facussé dijo a la AP que "lamenta que el abogado expresase en público en reiteradas ocasiones que don Miguel (Facussé) sería responsable de su muerte", y que "a pesar de que tuviéramos diferencias con él, lamentamos su muerte".
Pineda aseguró que "no resolvemos las diferencias por la vía de las armas, a pesar de que consideramos que él tomó acciones en perjuicio de la empresa".
Trejo también era uno de los abogados que había preparado y presentado recursos de inconstitucionalidad contra una propuesta del gobierno hondureño para construir varias ciudades privadas en Honduras con el apoyo de una compañía norteamericana, MGK.
Apenas 24 horas antes de ser asesinado, Antonio Trejo había participado en un debate en el canal 12 de televisión hondureña en el que acusó a líderes del Congreso Nacional de utilizar el proyecto de las ciudades modelo "para agenciarse fondos para sus campañas políticas" porque "gastan cantidades millonarias en publicidad y a través de este tipo de proyectos quieren acaparar dinero de esas supuestas inversiones para quedarse con él".
Aseveró que estaba dispuesto "a llegar a las últimas consecuencias para que Alí Babá y los 40 ladrones del gobierno de Honduras acabaran en una prisión".
El director de la compañía MGK Michael Strong dijo que estaba "horrorizado" por el asesinato del abogado y que creían que "si Trejo hubiese vivido lo suficiente para conocernos, hubiera concluido que nuestro enfoque es beneficioso para Honduras".
Un funcionario dijo que la embajada de los Estados Unidos está ayudando a las autoridades hondureñas a investigar el asesinato a través de un miembro de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos que actualmente trabaja empotrado en una unidad de investigación criminal de la policía hondureña
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