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GRAND RAPIDS, MICHIGAN (EVH/AP) — La práctica de tomar las huellas dactilares de las personas sin una causa probable o una orden judicial es inconstitucional, dijo el viernes la Corte Suprema de Michigan.

El tribunal dijo unánimemente que la policía de Grand Rapids violó la protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables.

“La toma de huellas dactilares de cada uno de los demandantes en estos casos constituyó una invasión física del cuerpo de una persona, un área protegida constitucionalmente”, escribió el juez Richard Bernstein.

Los incidentes involucraron a dos adolescentes negros en 2011 y 2012, aunque la Unión Estadounidense de Libertades Civiles dijo que se tomaron fotos y huellas dactilares de miles de personas en Grand Rapids.

“La política permitió décadas de discriminación racial, extralimitación policial y amenazas a la privacidad personal”, dijo Dan Korobkin, director legal de la ACLU en Michigan.

Denishio Johnson fue detenido después de atravesar el estacionamiento de un gimnasio donde hubo robos de vehículos.

Keyon Harrison fue detenido después de entregarle una miniatura de una locomotora de un tren a alguien. Dijo que era parte de un proyecto escolar. Johnson y Harrison fueron fotografiados y se les tomaron las huellas dactilares, pero no fueron acusados ​​de ningún delito.

Posteriormente demandaron a la policía de Grand Rapids.

“La toma de huellas dactilares en estos casos no estaba razonablemente relacionada con el alcance de las circunstancias que justificaron cualquiera de las detenciones”, dijo Bernstein.

La policía de Grand Rapids ha abandonado la práctica, pero la había defendido como una forma de determinar la identidad de alguien cuando no tenía identificación. Esto se hacía comúnmente a inmigrantes indocumentados cuando eran detenidos conduciendo sin licencia de ni identificación del estado.


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