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Por Ramón Peralta

Recientemente, el presidente Biden envió a Centroamérica a la vicepresidente Kamala Harris para tratar de promover una ayuda económica a los países que componen el llamado triángulo inmigratorio, Guatemala, Honduras y el Salvador, con el fin de atacar los problemas que causan la inmigración.  

El anuncio despertó cierto interés en el área y entre aquellos que están preocupados por los altos índices de personas inmigrantes procedente de la región. Como se sabe, el tapón de inmigrantes creado en la frontera con México, en su gran porcentaje procede de los tres países antes mencionado. Hasta ahora la raíz del problema se atribuye a tres factores: extrema pobreza, la corrupción administrativa de los gobiernos y la institucionalidad de la violencia por bandas armadas.

Como respuestas a estos problemas se han desarrollado programas por instituciones privadas tanto del área como extranjeras. Pero los resultados de estos programas no han logrado disminuir los efectos de la problemática, dando origen a que el flujo inmigratorio haya continuado en aumento con relación a los años anteriores.

Las razones por las que los remedios aplicados hasta ahora no han funcionado, se debe a que se ha obviado el ataque a  la raíz fundamental del problema, que no es otra que la institucionalidad de la desigualdad económica como producto de un sistema político al servicio de las élites ricas y manejado por políticos corruptos, que marginan en sus planes las mayorías pobres.

Mientras miles de hombres y mujeres sufren las consecuencias de la pobreza, pequeños grupos de ricos, amparados por el sistema político, aumentan sus capitales de manera desproporcionada al tamaño de las economías de sus países. En un reciente informe, el director  regional del Programa de las Naciones Unidas  para el Desarrollo (PNUD) afirmó, que en el área latinoamericana el aumento de los millonarios se ha disparado de una manera desproporcionada, sobre todo durante la crisis del covid-19, mientras millones de personas caen en la pobreza. Según la apreciación del PNUD, desde el 2020, justo cuando se inició la pandemia, hasta mediado de mayo del presente año, el número de las fortunas de los mil millonarios en el área creció de 76 a 107. Es decir, que el patrimonio de esos grupos privilegiados, aumentó en casi 200,000 millones. Al mismo tiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) penalizó numerosas compañías e individuos y empresas del área centroamericana por corrupción, fraudes y conductas impropias.

Debido a esa realidad, el funcionario de las Naciones Unidas destaca que: “Nosotros no vemos que la creación de riqueza sea una mala noticia. Eso es importante. Lo que hay que ver es cómo esa riqueza se transmite o se transfiere a los hogares en general en término de mayor bienestar, de avance social.” Para enfrentar esta situación, la prioridad sería “aumentar los impuestos a las grandes corporaciones…y mas gravámenes sobre los individuos mas ricos.” Pero la experiencia histórica en la práctica de este tipo de medidas económicas siempre ha resultado en golpes de estado, apoyados por los Estados Unidos bajo la consigna de ser comunistas o socialistas. El área centroamericana tiene ejemplos de sobra en esta práctica.

Dentro de esta perspectiva es que,  la misión de la vicepresidenta se quedará corta en su alcance para solucionar la crisis que hoy provocan las inmigraciones de los países del triángulo centroamericano. Para producir un cambio y detener el problema se necesitan transformaciones radicales en los sistemas económico-políticos que funcionan en el área. En ese sentido,  las ayudas anunciadas por la administración Biden serán mas que paliativos a un problema que demanda medidas mas profundas, es decir, cambios estructurales, que ni los gobiernos del área, ni los Estados Unidos están dispuestos a llevar a cabo.

 

 


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