NUEVA YORK (AP) — El abogado del expresidente peruano Alejandro Toledo, acusado en un escándalo de sobornos, aseguró que no debería ir a la cárcel debido a sus problemas de salud y al riesgo de contagio de COVID-19 en prisión.

El abogado Geoffrey Hansen dijo al juez del caso que Toledo es un hombre de 76 años y mala salud que se encuentra “en gran riesgo de morir del COVID-19” si ingresa a prisión.

Hansen hizo su solicitud después de que la fiscalía del distrito norte de California pidiera que Toledo vaya a la cárcel. Los fiscales hicieron la petición porque un juez resolvió a fines de septiembre que Toledo puede ser extraditado a su país natal, donde es buscado por delitos vinculados con un escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht.

Hansen dijo también que el juez del caso, Thomas Hixson, tiene el poder de mantener a Toledo en arresto domiciliario como hasta ahora. La fiscalía había dicho que la fianza de Toledo ya no está permitida una vez el juez resuelve que puede ser extraditado.

Toledo fue detenido en 2019 en Estados Unidos por una solicitud de extradición ligada a sobornos que la constructora brasileña Odebrecht realizó en su país. Tiempo después se le cambió por un arresto domiciliario.

Los fiscales peruanos afirman que Toledo habría recibido hasta 35 millones de Odebrecht para favorecerla en diversas obras de infraestructura durante su gestión entre 2001 y 2006.

Hixson dijo en su orden de 30 páginas del mes pasado que la corte “ha oído y considerado las pruebas de criminalidad y cree que son suficientes para sostener los cargos de confabulación y lavado de dinero bajo las provisiones del tratado de extradición entre Estados Unidos y la República del Perú”.

La petición del abogado de Toledo se encuentra en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses. En ella, Hansen dice que su cliente está vacunado contra el COVID-19 pero que aún así está demostrado que el riesgo de contraer el virus aumenta en una cárcel. Hansen también dice en los documentos que encarcelar a Toledo sería muy perjudicial para su salud mental y física, ya que se en julio se fracturó el hombro derecho ras una caída, tuvo que ser operado y necesita terapia física.

La extradición del expresidente Toledo debe ser aprobada en última instancia por el Departamento de Estado estadounidense.

En caso de ser extraditado, Toledo será el segundo presidente peruano en llegar desde otro país mediante un tratado bilateral de este tipo.

En 2007 Alberto Fujimori (1990-2000) arribó a Perú extraditado desde Chile y actualmente cumple 25 años de cárcel por asesinato y corrupción. Estados Unidos extraditó al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en 2018.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El huracán Pamela se fortalecía el martes conforme avanzaba frente a las costas de México en el Pacífico y se prevé que siga así antes de tocar tierra cerca del puerto de Mazatlán el miércoles.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que el vórtice de Pamela se ubicaba unos 455 kilómetros (280 millas) al suroeste de Mazatlán el martes temprano y se movía en dirección norte-noroeste a unos 20 km/h (13 mph). La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de unos 130 km/h (80 mph).

Se pronostica que Pamela vire hacia el norte y noreste, pasando cerca del extremo sur de la península de Baja California con fuerza de huracán el martes por la noche o el miércoles en la madrugada. Se calcula que el meteoro tocará tierra cerca de Mazatlán, posiblemente como huracán de categoría 3.

Posteriormente, se prevé que se debilite mientras atraviesa el norte de México y se aproxime el jueves a la frontera con Texas como depresión tropical.

El centro de huracanes advierte la posibilidad de marejadas ciclónicas, inundaciones súbitas y vientos peligrosos cerca del área del impacto.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La organización Disability Rights International (DRI), que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, denunció el miércoles que en Guatemala menores de edad que sobrevivieron al incendio de un hogar de acogida estatal ocurrido en 2017 y que mató a 41 niñas, aún siguen en riesgo debido a la falta de protección del Estado y que de los 600 menores recluidos en el lugar el día de la tragedia, 61 han muerto en diferentes circunstancias, incluso por violencia.

El informe “Todavía en riesgo: Muerte y desaparición de sobrevivientes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción”, dice que de los 600 menores detenidos cuando fue el siniestro se han activado alertas Amber (Alba-Keneth en Guatemala) para la búsqueda de 94 niñas y niños que desaparecieron o continúan desaparecidos y que aún hay 160 menores que permanecen dentro de la institución, la mayoría de ellos con discapacidad.

La organización dijo que un informe oficial del gobierno al que tuvieron acceso detalló que dan seguimiento a 40 mujeres, a las que se refiere como ‘sobrevivientes del incendio’, pero que no ha podido localizar a por lo menos 11 de éstas.

“El gobierno no ha tomado las medidas necesarias para proteger a las y los sobrevivientes, y mucho menos brindarles el apoyo y las reparaciones a las que tienen derecho como sobrevivientes de violaciones bajo la custodia del Estado”, explicó Eric Rosenthal, Director Ejecutivo de DRI en un comunicado de prensa.

La organización denunció que familiares de menores fallecidas en el incendio han sido asesinadas después de la tragedia.

“En junio de 2018, Gloria Pérez y Pérez, madre de Iris Yodenis León Pérez (fallecida a causa del incendio) fue asesinada junto con su esposo, Nery León, y su hija de 13 años, Nury León Pérez -quien también había sido detenida en Virgen de la Asunción. Toda la familia fue asesinada en su casa de Sayaxché, Petén. Más recientemente, en febrero de 2021, la madre de Wendy Anahí Vividor (muerta en la tragedia), María Elizabeth Ramírez, fue asesinada. Otra madre ha sufrido amenazas y agresiones físicas junto con sus hijos”, dice el estudio.

“Algunas de estas jóvenes estuvieron a punto de morir y experimentaron un trauma severo al presenciar la muerte de sus compañeras. Todas y cada una de ellas deberían haber recibido un acompañamiento cercano, asesoramiento y reparaciones por el abuso que sufrieron estando bajo la custodia del Estado. La negligencia por parte del Estado para dar un seguimiento cercano a estas jóvenes las deja expuestas a una mayor explotación y abuso”, dice el estudio.

La organización dijo que a cuatro años de la tragedia que dejó muertas a 41 niñas y heridas de gravedad a otras 15 aún continúan impunes y que además el Estado no ha dado apoyo a las familias que incluso enfrentan riesgo buscando justicia.

La tragedia sucedió el 8 de marzo de 2017. Un día antes las niñas y niños menores que estaban recluidos en el lugar realizaron una protesta denunciando abusos físicos y sexuales. Varios menores abandonaron el lugar, pero luego fueron sometidos por la policía para que regresar.

El día del incendio, como castigo, personal del lugar y policías encerraron a 56 niñas en un pequeño cuarto. Las menores siguieron protestando por la falta de comida y acceso a baños, una de las menores llevaba fósforos y como medida de protesta prendió fuego a unas colchonetas que generaron un incendio que quemó y mató a las menores.

Por el incendio nueve personas están bajo proceso por delitos menores como negligencia. No han habido detenidos por los abusos denunciados por las menores.

Por CLAUDIA TORRENS y MARLON GONZALEZ

NUEVA YORK (AP) — Más de un millón de hondureños en Estados Unidos se han quedado sin la nueva tarjeta de identificación de su país y, por el momento, sin la posibilidad de votar en las elecciones generales del 28 de noviembre en Honduras.

El problema va más allá de los comicios: las tarjetas de identidad con las que cuentan expiran el 15 de octubre y sin las nuevas se teme que no puedan realizar ningún trámite en los 14 consulados que hay en Estados Unidos.

La falta de carnets se debe a que no se ha incluido a la mayoría de los hondureños que viven aquí en el nuevo proceso de “enrolamiento”, como se conoce en Honduras, o depuración del registro de personas que realiza el país. La inscripción arrancó en 2020 en Honduras y se hace a través de máquinas especializadas que toman huellas dactilares y otros datos. Una vez registrada la persona, se genera el carnet, que puede tardar meses en ser entregado al respectivo hondureño o hondureña.

El Registro Nacional de Personas (RNP), encargado del “enrolamiento”, asegura que la cancillería es la encargada de realizar el proceso en Estados Unidos mientras que la cancillería asegura que es el RNP quien debe enviar los equipos especializados y personal a Estados Unidos para registrar a los hondureños allí. Mientras tanto, la frustración aumenta entre la comunidad hondureña, que vive sobre todo en estados como Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Florida y California.

Juan Flores, presidente de un grupo llamado Fundación 15 de Septiembre, aseguró que se siente “indignado” porque los hondureños que viven en el extranjero aportan millones de dólares a su país en remesas. Sin embargo, ahora se quedarán sin identificación a menos que Honduras amplíe el plazo de expiración de las viejas tarjetas, dijo.

“Estamos haciendo ese llamado al Congreso”, afirmó Flores. “Este es un problema al que hay que poner atención porque es un problema de seguridad nacional, tanto para Honduras como para Estados Unidos, porque ¿cómo es posible que en territorio de Estados Unidos van a haber ciudadanos que no se sabe de qué país son? Que no tienen identificación y que no pueden obtenerla”.

Entre 1,5 y dos millones de hondureños viven en Estados Unidos, calculan las autoridades hondureñas. Según los últimos datos del censo estadounidense son poco más de un millón pero muchos llegan por vías irregulares y no se inscriben en el censo, así que la cifra podría ser más alta.

Se espera que el 28 de noviembre Honduras escoja a un nuevo presidente tras los ocho años que Juan Orlando Hernández lleva en el puesto. Hay 15 candidatos a la presidencia pero Nasry Asfura, del oficialista Partido Nacional; Yani Rosenthal, del Partido Liberal, Xiomara Castro, de Zelaya de Libre y Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras, son los que tienen más posibilidades de ganar.

La participación de los hondureños que viven en Estados Unidos en el proceso electoral de su país suele ser muy baja. El problema a corto plazo para muchos será si llega el 16 de octubre y no pueden hacer trámites como renovar pasaportes, el documento que Estados Unidos acepta en escuelas, bancos o hospitales.

La cancillería de Honduras asegura que hace meses se solicitó personal al RNP y equipos de “enrolamiento” para iniciar el proceso de inscripción en varias ciudades estadounidenses. La vicecanciller Nelly Jerez dijo a la AP que el RNP llevó equipos a 14 ciudades pero que, al cabo de poco, éstos presentaron daños y fallas y tuvieron que ser devueltos a Honduras.

“De 26 equipos, 21 regresaron completamente quemados y malos”, dijo Jerez. “Se quedaron el resto en Seattle, Boston, Charlotte y Miami. Los de Miami y Charlotte también ya presentaron problemas así que por ende nosotros no podemos hacer más”.

“Mientras el Registro no salga con los equipos y no salga con las brigadas, en los consulados no podemos hacer nada porque los equipos no los tenemos nosotros,” dijo la vicecanciller. Añadió que mientras funcionaron los equipos en Estados Unidos se logró inscribir a unos 13.000 hondureños. “A la fecha el Registro no nos ha enviado la tarjeta de identidad (para ellos)”, aseguró.

El magistrado del RNP, Óscar Rivera, afirmó que su entidad no es la encargada de realizar el “enrolamiento” en el extranjero, sino la cancillería. “Nosotros sólo acompañamos, quien opera ese servicio es la cancillería”, declaró a The Associated Press. “Hace más de seis meses les asignamos (a cancillería) 100 kits (de “enrolamiento”) para instalarse en los consulados”, agregó.

Respecto a la posibilidad de que los hondureños que no tienen su identificación no puedan votar en las elecciones, Rivera dijo que “Votar es labor del CNE (Consejo Nacional Electoral)”. Si el CNE mantiene su posición de que sólo se puede votar con la tarjeta nueva, entonces se confirmaría que muchos hondureños en el extranjero se quedarán sin participar en las elecciones.

Hondureños en Estados Unidos se han manifestado este año en varios consulados para pedir su nuevo documento de identidad. “Muchos migrantes que han salido de Honduras después de 2017 se les extravía su identificación o se la quita inmigración (estadounidense). Muchos no tienen identificación (hondureña) en Estados Unidos para hacer trámites,” dijo Flores. “Entonces estamos en un serio problema”.