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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Suprema Corte declaró el martes inconstitucional penalizar el aborto en México.

El alto tribunal aprobó por unanimidad anular varios artículos de una ley del estado norteño de Coahuila que consideraban un delito la interrupción voluntaria del embarazo. La resolución afectará de forma inmediata sólo a ese estado, pero establece un “criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país” que deberán actuar en el mismo sentido si les llegan casos similares, dijo el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

Por este motivo, los jueces de la corte consideraron histórica la decisión.

Sólo cuatro estados de México -la capital, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo- permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 en todos los casos. En los 28 estados restantes sigue estando penalizado con algunas excepciones.

La Suprema Corte se ha pronunciado en el pasado a favor de que las mujeres que han visto violados sus derechos o han sido encarceladas por abortar, pero según Rebeca Ramos, directora de la organización no gubernamental de derechos reproductivos GIRE, esta era la primera vez que los magistrados debatían el fondo de la cuestión: si abortar debe ser considerado un delito o no.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Cristóbal Colón se despide de la avenida más emblemática de Ciudad de México.

La alcaldesa Claudia Sheinbaum anunció que la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma que había sido retirada a finales del año pasado —teóricamente para su restauración— será reemplazada por una escultura en honor a las mujeres indígenas.

”Colón, pues claro que fue un gran personaje universal y también hay que reconocerlo, pero creemos que, en el centro de nuestra ciudad, ahí tiene que haber un reconocimiento a la mujer indígena y, por eso, este monumento”, dijo el domingo Sheinbaum, al hacer el anuncio.

La decisión se une a una serie de iniciativas que han tenido lugar este año destinadas a repensar y, sobre todo a renombrar, efemérides de la historia mexicana justo cuando se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlan, la capital mexica, en manos de los españoles.

La estatua de Colón, donada a la ciudad en 1877, ha sido un importante punto de referencia en el bulevar de 10 carriles que es una de las principales arterias de la capital y objetivo favorito de los manifestantes que, muchas veces, la rociaron con grafitis que denunciaban la represión europea de las civilizaciones indígenas de México.

La escultura fue retirada el año pasado supuestamente para su restauración, poco antes del 12 de octubre, cuando en México se conmemora el Día de la Raza y en España el “descubrimiento” de América. En Estados Unidos, a este día le llaman Columbus Day (“Día de Colón”) porque fue cuando llegó el navegante llegó al continente americano en 1492.

Cuando se retiró la estatua el año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, según sus datos, la bajaron “para restaurarla” y que no debía “prestarse a malos entendidos” el hecho de que hubiera coincidido con la efeméride de octubre.

Ahora parece que sus palabras solo pretendían suavizar un tema que sigue siendo objeto de debate a ambos lados del Atlántico, sobre todo desde que el presidente instara a España a que pidiera perdón por las masacres cometidas durante la conquista.

La petición fue criticada por académicos mexicanos y grupos de indígenas como los zapatistas, que la consideraron demagógica. No obstante, hay académicos que sí han apostado en los últimos años por revisar estereotipos de la historia que han promovido actitudes racistas y huir de lecturas que dividen el pasado entre buenos y malos.

De momento, los cambios han sido de forma más que de fondo. El quinto centenario del fin del imperio mexica fue conmemorado como el 13 de agosto como el comienzo de la resistencia indígena y la hasta ahora conocida como “noche triste” —que se refería a la peor derrota sufrida en por Hernán Cortés en junio de 1520— se rebautizó como “noche victoriosa”.

En España tampoco es un asunto muerto para los sectores más radicales del país. El partido ultraderechista Vox, la tercera fuerza política en el parlamento, dijo en su cuenta oficial de Twitter con motivo de la caída de Tenochtitlan que “México y toda América deberían agradecer a los españoles que llevaran la civilización y pusieran fin al reinado del terror y barbarie al que estaban sometidos”.

En lugar de recordar las matanzas y las muertes por las enfermedades que la conquista provocó, hubo quien respondió de forma más irónica.

Ruben Ríos Uribe, un diputado de Morena, el partido oficialista, en el estado de Veracruz, optó por días después por poner en sus redes este mensaje “por la libertad y la democracia”. “Hay que invadir España y llevarles la República. No puede ser que sigan teniendo rey en pleno siglo XXI”.

La nueva estatua estatua que se colocará en el Paseo de la Reforma este año se llamará “Tlali”, que cual significa “tierra” en náhuatl.

La de Colón no se desechará, sino que se trasladará a un lugar menos prominente en un pequeño parque en el vecindario de Polanco.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves que enviará una misiva a su par estadounidense Joe Biden para insistirle sobre su propuesta de extender a Centroamérica dos de sus programas sociales para tratar de contener el creciente flujo de migrantes que están ingresado a México con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

Ante los recientes incidentes registrados en la frontera sur con varios cientos de migrantes que intentaban avanzar caminando y fueron retenidos por las autoridades, algunos de manera violenta, López Obrador aseguró que “no podemos sólo estar reteniendo, hay que atender las causas”.

“No es conveniente sólo afincar el plan migratorio en el pie de la contención, queda cojo”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina al anunciar que la próxima semana le enviará una carta a Biden para insistirle sobre su propuesta de extender al llamado Triángulo Norte -que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras- los planes estatales “Sembrando Vida” y “Jóvenes construyendo el futuro” que, aseguró, permitirían crear unos 330.000 empleos en seis meses en esos países.

López Obrador sostuvo que se requieren planes de inversión en Centroamérica para atender las causas del creciente flujo migratorio e insistió en que los migrantes “no salen por gusto de sus pueblos… lo hacen por necesidad”.

La declaración del mandatario coincide con la salida de un nuevo grupo de al menos dos centenares de migrantes que partieron la víspera desde la ciudad sureña de Tapachula hacia el norte de México en medio de operativos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración para contenerlos.

En los últimos días elementos de las fuerzas de seguridad han dejado caminar varias horas a los migrantes o incluso todo el día y han aprovechado su cansancio o la lluvia para dispersarlos con equipos antidisturbios y, en algunos casos, con uso excesivo de la fuerza.

La víspera, durante la presentación de su tercer informe de gestión, López Obrador se distanció de un incidente ocurrido el fin de semana, que quedó grabado ante las cámaras, cuando un migrante que intentaba avanzar caminando fue golpeado brutalmente por funcionarios de Migración. “No se han violado los derechos humanos de migrantes”, dijo el gobernante al recordar que los funcionarios implicados en el hecho fueron separados de sus cargos.

La postura de López Obrador se distancia de los recientes comentarios que realizó el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien planteó que el objetivo principal del operativo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional es “detener toda la migración” y “cubrir la frontera norte, la frontera sur con efectivos”.

CIUDAD GUATEMALA (AP) — La oposición política en el Congreso guatemalteco logró el lunes una importante victoria frente al oficialismo al negarse a aprobar, por segunda vez, un estado de calamidad solicitado por el ejecutivo y con el que pretendía realizar compras sin necesidad de mayor fiscalización, argumentando la presencia de la pandemia de coronavirus.

Debido al alto nivel de contagios en el país, el presidente Alejandro Giammattei solicitó la semana pasada un estado de calamidad, con el que pretendía implementar un toque de queda, restricciones de movilidad, reunión, entre otros. Sin embargo, también serviría para la compra y adquisiciones de equipo médico y otros, pero sin mayor fiscalización.

El congreso se tomó tres días para discutir la iniciativa. La Corte de Constitucionalidad ordenó al legislativo que, de no aprobar el decreto de estado de calamidad, debía también realizar una votación para improbarlo, y así este tuviera validez.

La improbación alcanzó 81 votos de 160 diputados al Congreso, según la ley se requiere de la mitad más uno para aprobar un decreto.

En una transmisión por Facebook live, el diputado opositor Aldo Dávila denunció frente a más de 230 mil espectadores que el presidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez, presuntamente negociaba la compra de votos a favor del estado de calamidad. Rodríguez no se pronunció respecto a los señalamientos de Dávila.

El diputado Samuel Pérez dijo al terminar la plenaria que la forma en que se negociaban los votos era un “descaro”. “Esta sesión va a quedar en la historia porque fue una manera tan descarada de estar comprando votos, sabían a quién estaban comprando”, dijo al referirse a diputados de dos partidos políticos.

“Fue una compra de votos con el dinero del pueblo”, dijo. “Fue una derrota no solo al estado de calamidad sino a la corrupción del gobierno”.

La diputada opositora Andrea Villágran dijo que se le han asignado al ejecutivo más de 3.840 millones de dólares para el combate a la pandemia, pero que lejos de invertir en la salud de la población se han hecho negocios para beneficio de funcionarios.

“Hay una necesidad del ejecutivo de manipular la ley para su propio beneficio e interés”, dijo Villagrán.

La diputada recalco cómo Rodríguez dio más de 40 minutos para buscar votos a favor del estado calamidad, pero ordenó menos de cinco minutos para que se votara para improbar el estado de calamidad.

“Vimos como el presidente del Congreso pretendía declarar sesión permanente para que siguiera en vigencia el estado de calamidad y seguir haciendo negocios, lo hizo de forma arbitraria”, dijo Villagrán.

Guatemala registra casi medio millón de contagios desde que inició la pandemia, con 12,315 personas fallecidas. Según el semáforo de contagios, actualmente 305 de los 340 municipios del país están en nivel rojo.

PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Desde hace casi dos meses que fue asesinado del presidente haitiano Jovenel Moïse, un devastador terremoto y una apabullante tormenta tropical han desviado la atención pública del crimen.

Si a eso se le añade la creciente inseguridad debido a la violencia de las pandillas, es de entender que la investigación sobre la muerte de Moïse está rápidamente desapareciendo de la atención pública.

Incluso para quienes siguen pendientes del tema, se está haciendo evidente que llevar a los culpables a justicia será imposible en un país donde reina la impunidad. Tampoco ayuda el hecho de que Moïse era detestado por buena parte de la población.

El asesinato parece destinado a sumarse a larga lista de crímenes sin resolver en Haití, como la del periodista Jean Dominique en el año 2000 o la del prominente abogado Monferrier Dorval el año pasado.

“La posibilidad de hacer justicia para Jovenel es nula”, declaró Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, uno de los más prominentes grupos de derechos humanos en Haití e integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

A pesar del pesimismo de Esperance, su grupo publicó un informe detallado sobre el magnicidio del 7 de julio, según el cual un equipo de mercenarios colombianos penetró en la residencia privada del presidente en una ladera sobre Puerto Príncipe, mataron a Moïse e hirieron a su esposa.

El informe documenta el arresto de sospechosos hasta el momento, entre los cuales se encuentran los encargados de la seguridad de Moïse. “Los autores intelectuales y materiales del asesinato pudieron contar con el apoyo de al menos dos jefes de la seguridad presidencial”, dice el informe.

Pero también insinúa que el primer ministro Ariel Henry, el ministro de Justicia Rockefeller Vincent e incluso Martine Moïse, la viuda del presidente, saben mucho más sobre el asesinato de lo que han revelado.

El grupo dice que su informe se basó en apuntes tomados por los magistrados de paz que realizaron la etapa inicial de la investigación y en conversaciones con los arrestados. Preguntado sobre otras fuentes, Esperance no respondió.

El informe alega que el primer ministro sostuvo varias conversaciones telefónicas, incluso la mañana del asesinato, con Joseph Badio, un exfuncionario de justicia que ahora es un sospechoso principal del crimen. Cuando se le preguntó a Henry sobre Badio en una entrevista radial reciente, dijo que lo conocía y lo defendió.

“La idea de defender públicamente al tipo es algo peculiar, y descartar de plano la posibilidad de que estuviera implicado constituye una injerencia evidente en la investigación”, dijo Robert Fatton Jr., experto en Haití y profesor de ciencias políticas y asuntos exteriores en la Universidad de Virginia. “Cuando el primer ministro dice que no tuvo nada que ver, es una señal a los demás de que no deben hablar de ello”.

Henry dedica buena parte de sus declaraciones públicas últimamente a las operaciones de rescate tras el terremoto, ero el lunes aparentemente aludió a la crisis política.

“Todos los sectores deben unirse para hallar un consenso”, tuiteó Henry. “Por eso los invito a conversar para sacar al país del feo impasse en que se encuentra, hablar sobre las raíces de los problemas hasta que hallemos un acuerdo que nos permita salir de esta crisis”.

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