Por BEN FOX

SAN JOSÉ (AP) — El principal diplomático de Estados Unidos, Antony Blinken, intenta convencer a las naciones centroamericanas de que combatan la corrupción y la pobreza que han contribuido a impulsar una ola de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos, una situación que ha supuesto un desafío tempranero para el gobierno del presidente Joe Biden.

En su primera visita a Centroamérica desde que asumió el cargo de secretario de Estado, Blinken se reunió con cancilleres y líderes de la región y de México. En su gira de dos días que concluye el miércoles, Blinken evitó criticar públicamente a algún gobierno en particular, y mejor se enfocó en los planes del gobierno de Biden para distribuir vacunas contra el COVID-19 y otras ayudas, como un plan de asistencia por 4.000 millones de dólares.

“Creemos que esa es la mejor manera de garantizar una mayor estabilidad y mejorar la vida de las personas en toda la región, lo cual también beneficia en última instancia a Estados Unidos”, declaró Blinken en conferencia de prensa conjunta con el mandatario costarricense Carlos Alvarado.

Dicho enfoque contrasta con el del gobierno del presidente Donald Trump, quien ante el aumento en la inmigración reaccionó expulsando a los solicitantes de asilo hacia México o Centroamérica e intensificando las tareas de construcción de un muro a lo largo de la frontera suroccidental de Estados Unidos, entre otras medidas.

Después de que disminuyeran al inicio de la pandemia, las detenciones en la frontera comenzaron a aumentar durante el gobierno de Trump y se dispararon durante los primeros meses del gobierno de Biden. La Patrulla Fronteriza tuvo más de 170.000 encuentros con migrantes, incluidas 50.000 personas que viajaban en familias, la cifra más alta desde marzo de 2001.

Este fue el tema principal en las conversaciones privadas que Blinken tuvo el martes en la noche con los cancilleres.

Estados Unidos espera que las autoridades mexicanas y centroamericanas puedan hacer más para impedir el tráfico de migrantes, en especial de niños.

El gobierno de Biden continúa expulsando a adultos solos y a la mayoría de las familias que cruzan la frontera, pero ha permitido a los menores no acompañados ingresar en Estados Unidos para que soliciten asilo o alguna otra figura jurídica para quedarse. Los agentes fronterizos encontraron en abril a más de 17.000 niños que viajaban solos en la frontera, y una cifra récord de 18.960 un mes antes.

Sin embargo, hay límites a lo que México y las naciones centroamericanas pueden hacer en medio de la devastación económica causada por la pandemia de COVID-19. Los gobernantes de la región confían en que les lleguen algunas de las 81 millones de vacunas que el presidente Joe Biden dijo que distribuirá en el mundo. Los detalles del plan de distribución presumiblemente serán anunciados este mes.

Alvarado, cuya nación ha suscitado admiración por su estabilidad, relativa prosperidad y protección ambiental, dejó claro que Costa Rica sólo aceptará las vacunas a condición de que no estén supeditadas a condiciones políticas.

“Estamos hablando de salvar vidas, pero eso no quiere decir que el recibir un donativo va a comprometer nuestra dignidad como nación”, declaró el mandatario costarricense en inglés.

El relativo éxito de Costa Rica fue otro de los temas de la visita de dos días. Blinken destacó los estrechos vínculos entre ambos países y señalo que 40% de las exportaciones costarricenses van al mercado estadounidense, y que 70% de la inversión extranjera directa proviene de Estados Unidos. Costa Rica es además un importante destino turístico, y hasta antes de la pandemia, era el país que recibía más estudiantes estadounidenses que cualquier otro en el hemisferio.

El miércoles, Blinken se reunió en privado con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard, y visitó una organización no gubernamental que brinda actividades recreativas y educativas a niños y familias, y ayuda a alejar a los adolescentes de la delincuencia. Es el tipo de organización que recibirá parte de los 4.000 millones de dólares del plan de asistencia que el gobierno de Biden no desea entregar directamente a entidades gubernamentales en la región.

Blinken dejó entrever que esas organizaciones pueden tener un papel en persuadir a la gente a que no emigre. “La gente no debe emprender la peligrosa travesía hasta nuestra frontera, pero sabemos que no basta decir ‘no vengan’”, apuntó. “Debemos trabajar en conjunto para que la gente de toda Centroamérica se quede en sus casas y comunidades sin temor”.

El secretario de Estado destacó la relación con Costa Rica y el progreso del país para hacer un contraste con otras naciones de la región, como Honduras, cuyo presidente ha sido vinculado por fiscales estadounidenses al tráfico de narcóticos, o Nicaragua, cuyo gobierno del presidente Daniel Ortega está bajo sanciones de Washington.

Blinken se abstuvo de emitir alguna declaración directa sobre el presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gobernante elegido que tiene una relación cada vez más tensa con Estados Unidos debido a sus acciones para consolidar su poder y debilitar otras instituciones democráticas de El Salvador.

Sin embargo, la situación sí figuró en la agenda de Blinken cuando señaló que “nos reunimos en un momento en el que la democracia y los derechos humanos están siendo socavados en diversas partes de la región”. Destacó la “erosión de la independencia judicial” y los ataques contra la prensa independiente, al parecer en alusión a Bukele, así como la “anulación de la lucha contra la corrupción”, una aparente referencia a Honduras y otros países.

“Entendemos lo frágil que es la democracia. Hemos experimentado reveses en nuestro propio país en los últimos años”, señaló. “Pero esta experiencia nos ha subrayado la importancia de apuntalar las instituciones y las normas que salvaguardan nuestra democracia”.

El tema de la corrupción figurará con certeza en la gira que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris efectuará la semana entrante en Guatemala y México. Tiene previsto reunirse con los mandatarios de ambas naciones para examinar acciones conjuntas tendentes a enfrentar las causas de la migración. Cuando esbozó los planes de la gira, la principal portavoz de Harris puso énfasis en los esfuerzos de la vicepresidenta para conseguir inversiones económicas y asistencia humanitaria.

El objetivo es “profundizar nuestra relación estratégica y bilateral” con ambos países e “impulsar una estrategia amplia para abordar las causas de la migración”, señaló la portavoz Symone Sanders. “También interactuaremos con líderes comunitarios, trabajadores, innovadores y empresarios jóvenes, y otros, en torno a formas para proporcionar seguridad económica, abordar los factores centrales de la migración, y dar a la gente esperanza de una vida mejor en sus países”.

LIMA (AP) — Cuando faltan cinco días para el balotaje que definirá al próximo gobernante de Perú, miles de peruanos se manifestaron el martes en diversas ciudades en contra de la candidata derechista Keiko Fujimori.

Por las calles de Lima los manifestantes gritaron “Fujimori nunca más”, otros cargaron retratos en blanco y negro de varios desaparecidos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko y en cuyo gobierno la candidata presidencial fue primera dama.

La mayoría de esos rostros impresos eran de jóvenes. Uno de Melissa Alfaro, periodista de 23 años que murió en 1991 tras explotarle un sobre-bomba en la redacción de la revista Cambio, opositora al gobierno de Fujimori. Otro era del estudiante universitario Ernesto Castillo, de 22 años, secuestrado y desaparecido por policías en octubre de 1990. Los crímenes siguen impunes.

Un par de ratas gigantes que tenían en la panza el símbolo del partido de Fujimori también fueron utilizadas la marcha. En Perú las ratas simbolizan la corrupción. El padre de Keiko cumple una sentencia de 25 años de cárcel por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos a manos de un grupo de la muerte financiado por su gobierno y también tiene tres sentencias por corrupción.

“Es hija de un corrupto que apoya todo lo malo que hizo su padre”, dijo Mirian Ortiz, una ama de casa que llevaba un tapabocas con la frase “Keiko no va”. La candidata presidencial también tiene problemas judiciales. La fiscalía la acusó de lavado y pide 30 años de cárcel por recibir dinero de la constructora brasileña Odebrecht y de millonarios peruanos para sus distintas campañas presidenciales.

Algunos manifestantes portaron letreros blancos con la frase en letras negras “Keiko no va”. La oposición a Keiko Fujimori siempre ha sido alta en Perú. Un 45% definitivamente no votaría por ella, según un sondeo publicado el domingo por la firma Ipsos Perú. A fines de abril su rechazo llegaba a 50%.

Más temprano, la candidata derechista visitó dos barrios pobres de los extremos de Lima.

El candidato izquierdista Pedro Castillo y Fujimori están empatados en los últimos sondeos. Castillo llevaba la delantera, pero Fujimori se ha recuperado en las últimas semanas.

El domingo 6 de junio se realiza la segunda vuelta. Quien obtenga más votos ganará la elección y gobernará desde el 28 de julio.

por MARÍA VERZA

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un grupo de militares en retiro conformaron una planilla política para contender a todos los cargos públicos de un importante suburbio de Ciudad de México en las elecciones del próximo domingo, algo inédito que tiene lugar en medio de una creciente presencia de las fuerzas armadas en la vida pública del país.

Aunque los analistas estiman que se trata de algo meramente anecdótico y con pocas posibilidades de prosperar o reproducirse, el tema genera suspicacias en un momento en el que se habla de una creciente militarización de México y cuando el 40% de los ciudadanos dice estar algo o muy de acuerdo con un gobierno encabezado por militares, según una encuesta reciente sobre cultura cívica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Con el lema “#FuerzaMilitar”, 28 militares en retiro -16 mujeres y 12 hombres- comenzaron a idear en marzo cómo incursionar en la política activa de su localidad, Naucalpan, un suburbio al noroeste de la capital con más de 800.000 habitantes.

La candidatura está avalada por el Partido Encuentro Solidario (PES), una agrupación de tintes evangélicos que ha sido aliada del presidente Andrés Manuel López Obrador. En los comicios del domingo, en los que se renueva la Cámara de Diputados y se eligen 15 gobernadores y miles de cargos locales, el PES prácticamente se juega su futuro, por lo que no ha dudado en elegir a los candidatos más variopintos para evitar su desaparición.

Según los candidatos militares, no se trata de una apuesta partidista - el proyecto fue presentado a varias agrupaciones antes del PES- sino de un proyecto “apolítico” con el que pretenden dar respuesta a los problemas de seguridad y corrupción que hay en el municipio mediante un modelo de gestión, orden y jerarquía que aprendieron en el ejército.

“Podemos empezar como base en Naucalpan, donde vamos a buscar la paz y la justicia social para posteriormente diseminarlo a nivel nacional”, afirmó Reyes Robles, general retirado y candidato a diputado federal, a The Associated Press.

Este militar, el de de mayor rango en la planilla y con 45 años de servicio, rechazó tajantemente que se esté militarizando la vida política de México y recordó que todos los integrantes de la candidatura están ejerciendo un derecho constitucional como cualquier otro ciudadano dado que ya no están en activo.

“Nuestro país no se militariza”, afirmó. “Sencillamente nuestros gobiernos, cuando la política falla, se recargan en las fuerzas armadas por la organización y la capacidad de dar respuesta a los problemas que enfrentamos”.

El capitán Oscar E. Hernández Mandujano, también aspirante a un escaño en la Cámara de Diputados, recordó que los militares, aunque no dejen de serlo, se jubilan muy pronto y después deben seguir con una vida civil. Equiparó salir del ejército a dejar cualquier universidad, sólo que con un “modelo de gestión nacional” marcado por los valores castrenses.

Las fuerzas armadas siempre han sido un poder en la sombra de todos los gobiernos mexicanos con los que había un acuerdo no escrito según el cual el Ejecutivo no se metía en cuestiones militares y los militares no se inmiscuían en el gobierno.

El expresidente Felipe Calderón (2006-2012) los sacó a la calle al lanzar la guerra frontal contra el crimen organizado. Después, distintos gobiernos locales y estatales optaron por poner al mando de sus policías a militares en retiro con el fin de aprovecharse de su experiencia, opción que redujo la violencia en algunos lugares pero también conllevó denuncias por abusos en otros.

Desde su llegada al poder en diciembre de 2018, López Obrador asignó más tareas que nunca a las fuerzas armadas y ahora ya no sólo se encargan de combatir al crimen organizado sino a la construcción de grandes infraestructuras, el control de las aduanas o la distribución de medicamentos, entre otras actividades. Además, militares en retiro fueron nombrados en puestos clave del Instituto Nacional de Inmigración.

El gobierno justificó todas estas decisiones en que los militares son supuestamente más confiables pero no han estado exentos de polémica. A finales de 2020, Salvador Cienfuegos —exsecretario de Defensa mexicano con el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018)— fue acusado de narcotráfico por fiscales estadounidenses. Posteriormente retiraron los cargos por la presión del gobierno mexicano y acabaron devolviendo al general a México, cuya fiscalía no encontró nada sospechoso y desechó rápidamente la investigación.

Distintos colectivos civiles y hasta Naciones Unidas han alertado de una creciente militarización del país pero la línea roja siempre fue la política.

“A los militares no les gusta involucrarse en política”, dijo a la AP Juan Ibarrola, experto en temas militares. A su juicio, “no les conviene y no lo necesitan” porque ya tienen suficiente poder y por eso han tenido mucho cuidado de no hacerlo. Según el analista, desde hace más de una década hay un soldado y un marino con escaños en la Cámara de Diputados por distintos partidos que, aunque están en retiro, tienen el visto bueno de las fuerzas armadas y siempre buscan su beneplácito, pero ese no es el caso de la candidatura de Naucalpan. “Ese no es un evento que el ejército promueve”, aseguró.

Hernández Mandujano dijo que nunca pidieron permiso para postularse aunque, si ganan, si prevén “informar” de sus intenciones.

“El gran problema de nuestro país es la falta de organización”, afirmó el general Robles. Por eso, a su juicio, su experiencia militar fue vista por la ciudadanía más como una fortaleza que como un miedo.

Las encuestas no les favorecen, pero Hernández Mandujano celebró que “ya hubo eco”. “Ya nos han buscado muchos generales, jefes de tropa”. Por eso no descartan, en un futuro, poder crear un nuevo partido político.

Por SONIA PÉREZ D.

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía detuvo el jueves a 10 personas acusadas de desapariciones forzadas, torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la guerra civil en Guatemala y que quedaron registrados en un documento policial llamado “El Diario Militar”.

El juez Miguel Ángel Gálvez confirmó a The Associated Press las ordenes de detención emitidas por el caso.

En un mensaje a periodistas la fiscalía informó que hubo 10 detenidos en 17 allanamientos pero no hizo públicos sus nombres. Sin embargo, un trabajador de la parte querellante que no está autorizado a hablar del caso, dijo que entre los arrestados hay por lo menos un general en situación de retiro.

El 20 de mayo de 1999 se hizo público un documento policial filtrado a defensores de derechos humanos conocido como “El Diario Militar” que detallaba el asesinato, tortura y desaparición forzada de más de 190 personas a mano de las fuerzas de seguridad civiles y militares guatemaltecas en 1984 en el marco del conflicto armado interno ocurrido entre 1960 y 1996.

El documento de 74 páginas comienza con el registro de Teresa Graciela Samayoa Morales, una de las cuatro víctimas que aparecen en la primera página. Su fotografía extraída de lo que parece ser su cédula de vecindad, da cuenta de una joven mujer supuesta militante guerrillera.

Samayoa Morales, alias “Sheny”, era miembro de Frente Urbano de ORPA (Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas) una de las cuatro facciones guerrilleras. “Viajó a Cuba” dice el registro, fue entregada a una entidad militar y no se consignó más su paradero.

Otro de los casos que más impacto provoca es el registrado con el número 52. Se trataba de Prudencio de Jesús Carrera Camey, quien estuvo detenido 15 días y luego fue asesinado. En el registro no aparece una fotografía suya pero se asegura que era miembro de la guerrilla. Tenía sólo 15 años.

El informe, escrito a máquina, da cuenta de casi 100 personas asesinadas. Otras fueron entregadas a zonas militares, otros sobrevivieron, pero de un grupo no se supo nunca más.

“El Diario Militar” está escrito con códigos que fueron descifrados, como el número 300 que aparece escrito en 99 casos y significa 99 personas asesinadas.

En el registro número 166 está el nombre y dos fotografías de Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, un catedrático universitario que según el documento fue detenido el 12 de octubre de 1984 y que supuestamente era jefe de una célula guerrillera. En la descripción también hay una anotación a mano que dice “3-12-84= 300 Col. J.R.B. Z-21” que concuerda con el día y lugar donde fue hallado muerto.

Su familia supo que había sido secuestrado. Lo buscó en cárceles, hospitales y centros militares pero nadie les dio respuesta.

“Yo tenía 11 años cuando me dijeron que mi papá fue secuestrado”, relató Rudy Figueroa, hijo de Figueroa Muñoz. El catedrático estuvo detenido por las fuerzas de seguridad durante 52 días sin que su familia supiera su paradero, ni fuera entregado a un juez. Su cuerpo apareció a pocos metros de la casa de sus familiares en diciembre de 1984.

Figueroa dijo que tiene algunos recuerdos borrosos de su padre, pero también tiene otros muy claros de las conversaciones que sostenía con él.

“Una de las cosas que recuerdo fue que me regaló una perrita que llamamos ‘Libertad’”. La mascota se perdió y su papá a modo de aprendizaje le dijo que era su responsabilidad y que para que no lo castigara debía convencerlo de que había aprendido la lección. “Recuerdo que hasta fui a la biblioteca para aprender sobre responsabilidad. Lo convencí, no me castigó”, dijo Figueroa.

“Cuando estuvo detenido nació mi hermano menor, no lo conoció”, agregó.

El documento registraba número, nombre, apellido y pseudónimo de supuestos militantes de grupos guerrilleros, personas organizadas en asociaciones o sindicatos que fueron detenidas, desaparecidas, asesinadas por fuerzas de seguridad civiles y militares o que tras ser liberadas fueron forzadas a trabajar con sus captores.

El documento también incluye el caso de Edgar Fernando García, miembro del Comité Regional de PGT-PG -un órgano de dirección de uno de los grupos guerrilleros- y sindicalista. García es uno de los más de 45.000 desaparecidos que dejó la guerra, según un informe de la verdad auspiciado por Naciones Unidas.

Hasta hoy los familiares de todas las víctimas que aparecen en el diario no han recibido justicia en Guatemala. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Guatemala responsable de la desaparición forzada de 26 personas de “El Diario Militar” así como de la violación de sus derechos a la libertad personal, a la integridad y a la vida.

“El Diario Militar” muestra también los nexos entre las fuerzas de seguridad civiles y militares. Un ejemplo es la detención de Amancio Samuel Villatoro, profesional y presunto miembro de la guerrilla, que según el reporte fue detenido en la capital guatemalteca y tras años desaparecido sus restos fueron localizados en un antiguo destacamento militar.