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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La detención de un presunto asesino serial de México que cometió crímenes durante años se logró únicamente porque su última víctima desmembrada era la esposa de un comandante de policía, quien pudo realizar su propia investigación.

Sin los fondos, la capacitación o el profesionalismo adecuados, los fiscales de México no suelen detener a los asesinos sino hasta que los cadáveres se acumulan tanto que son casi inevitables. Por ejemplo, en 2018, un asesino serial de la Ciudad de México fue arrestado cuando se le descubrió transportando un cuerpo desmembrado por una calle en un cochecito para bebés.

Un sospechoso que las autoridades han identificado como “Andrés” está acusado de matar y desmembrar a una mujer de 34 años llamada Reyna, quien tenía una pequeña tienda de teléfonos, el 14 de mayo. Las autoridades no pueden proporcionar los nombres completos de los sospechosos o de las víctimas en virtud de la ley mexicana.

Los investigadores encontraron zapatos de mujer, maquillaje y listas de nombres en la vivienda del hombre de 72 años. También hallaron miles de piezas de huesos enterradas bajo el piso de su casa, ubicada en Atizapán, un municipio del Estado de México que forma parte del área metropolitana de la Ciudad de México.

Además, encontraron varias tarjetas de identificación que pertenecían a mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas desde hace cinco años, así como partes del cuerpo de Reyna cuidadosamente seccionadas, una sierra ensangrentada y un cuchillo en una mesa del sótano de la vivienda.

Sergio Baltazar, abogado de la familia de la víctima, dijo que el esposo de Reyna, Bruno, pasó por la misma experiencia frustrante que muchos mexicanos cuando acudió a la fiscalía luego de que su esposa desapareció.

“La verdad es que el ministerio público le quedó corto”, comentó Baltazar. “No le quisieron ayudar”.

Pero como comandante de policía, Bruno contaba con medios a su disposición que la mayoría de los mexicanos no tienen. Como los fiscales no estaban dispuestos a ayudarle, Bruno accedió a las cámaras de vigilancia.

“Bruno hace muchos trabajos de investigación”, señaló Baltazar.

Reyna había quedado de llevar a Andrés, quien era amigo de la familia, a un mercado mayorista del centro de la capital mexicana para comprar suministros para su tienda.

Andrés, a quien la familia llamaba “El Viejo”, era considerado como una obra de caridad por la pareja y sus hijos. Lo invitaban a su casa y lo alimentaban. Y se suponía que ayudaría a Reyna a cargar las compras del mercado.

Cuando Reyna no regresó a casa, Bruno llamó a Andrés, quien dijo que no la había visto y que ella no se había presentado para el viaje de compras.

Pero las cámaras de la policía mostraron a Reyna llegando a la calle donde Andrés vivía, y nunca salió de allí.

Dos días después, cada vez más preocupado, Bruno fue a la casa de Andrés acompañado por el hermano de Reyna. Cerca del sitio había unos policías estacionados.

Andrés se puso nervioso, pero permitió que Bruno ingresara a su hogar, diciéndole que no iba a encontrar nada. Y al principio así fue.

Pero luego Bruno llamó al teléfono de Reyna y lo escuchó sonando abajo, en lo que resultó ser un sótano improvisado con una pequeña entrada. Encontró lo que quedaba del cuerpo de su esposa.

Andrés trató de correr, pero los policías que estaban esperando aparecieron en el sitio.

Baltazar dijo que Andrés admitió algunos homicidios al principio, pero luego se calló.

“Él dice que de cinco se acuerda, pero ya cuando le ponen las libretas (con listas de nombres) enfrente, dice que no recuerda cuántos”, comentó Baltazar. Pero “él refiere que hizo grabaciones” de los asesinatos.

Si bien los fiscales no se han atrevido a conjeturar un número de víctimas, las tarjetas de identificación, los nombres encontrados en anotaciones a mano en la vivienda y los fragmentos óseos muestran que podrían ser 15 o más.

Baltazar, el abogado de la familia, quiere que los fiscales investiguen si hubo cómplices, dada la edad y condición física del sospechoso. “Cuesta creer que el señor tuviera las fuerzas para hacer eso, probablemente pudiera haber cómplices”, señaló.

No hay muchas posibilidades de que eso pase. En los pocos casos en los que detienen al asesino, los fiscales de México parecen estar satisfechos con atribuirle a un solo sospechoso la mayor cantidad de muertes que puedan. Para activistas defensores de víctimas como María de la Luz Estrada, quien es coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, parece que, en ocasiones, los investigadores favorecen las teorías del asesino serial solitario como una salida fácil para no investigar más.

“Hablar de crimen serial en un contexto de impunidad me preocupa porque lo que vemos es que no se investiga”, señaló Estada.

Los fiscales quizá sean lentos, pero los reclusos de una prisión hacinada estuvieron a punto de resolver el asunto: Andrés tuvo que ser transferido a otra prisión esta semana luego de que unos presidiarios de la primera instalación trataron de matarlo.

LIMA (AP) — Los cuerpos de 16 asesinados en dos bares de la principal zona productora de droga de Perú fueron llevados a una morgue y las autoridades atribuyen el crimen a un grupo armado protector del narcotráfico ligado a Sendero Luminoso.

Leonidas Casas, juez de paz del pueblo San Miguel del Ene, confirmó el martes a The Associated Press que junto a un fiscal y decenas de campesinos recogieron los cuerpos, pero lamentó que ni la policía ni los militares hayan viajado hasta la escena del crimen aduciendo temor a ser emboscados.

El presidente Francisco Sagasti condenó el crimen en una actividad pública y dijo que entre los muertos había una niña de un año, otro de tres años y dos adolescentes. Atribuyó la matanza al Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), que según las autoridades brinda seguridad a las cargas de droga que salen del extenso valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro.

“Tenemos un pequeño grupo de terroristas que conocen muy bien la zona, que conocen todas las quebradas y lugares y han estado dedicados a fomentar o proteger a quienes están dedicados a sembrar coca ilegalmente y convirtiéndola en pasta básica y cocaína”, dijo Sagasti.

Las autoridades no han mostrado pruebas sobre la autoría de los hechos y tampoco saben los motivos de la matanza. El grupo armado no ha emitido ningún pronunciamiento al momento.

El jefe de la policía antiterrorista, Oscar Arriola, dijo a la televisora local N que exploran la hipótesis de que el grupo armado está en contra de la existencia de bares donde se ejerce el comercio sexual. Recordó que en 2017 y 2019 el grupo anunció que mataría a los dueños de los bares y a quienes asisten a ellos.

Carmen Sánchez, del Comité Internacional de la Cruz Roja en Perú, dijo que la organización ayudará a cubrir los gastos de desplazamiento de los deudos de las víctimas, debido a que las personas “tienen el derecho de enterrar a sus familiares donde deseen”.

El juez Casas relató a la AP que la mañana del lunes, junto al alcalde distrital Alejandro Atao y los campesinos del comité de autodefensa local, caminaron hasta las afueras del pueblo y hallaron los cadáveres dentro y fuera de los dos bares donde ocurrió el crimen la noche del domingo.

Reconstruyendo los hechos indicó que los clientes de ambos bares fueron asesinados “con armas de fuego”. Añadió que un grupo de mujeres que atendían en el bar, una mujer con un niño pequeño y un hombre se escondieron en un cuarto dentro de uno de los bares, pero los asesinos rompieron la puerta, los mataron y quemaron sus cuerpos. La policía dice que en total unas 15 personas cometieron la matanza.

El MPCP tiene como jefe a Víctor Quispe Palomino, un hombre de 60 años que integró en el pasado Sendero Luminoso, un grupo terrorista que bañó de sangre a Perú en sus choques con las fuerzas de seguridad entre 1980 y 2000. Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por la captura de Quispe Palomino, a quien considera un terrorista y narcotraficante.

En 1992 la policía capturó al filósofo Abimael Guzmán, líder histórico de Sendero Luminoso. Guzmán fue condenado a perpetuidad por su responsabilidad en un atentado con autobomba que dejó 25 muertos, 155 heridos y por otra matanza de 69 campesinos. Tras la detención de Guzmán, Sendero Luminoso se debilitó y Quispe Palomino emergió como líder de un nuevo grupo en la Amazonía.

La matanza de 16 personas en dos bares ocurre a casi dos semanas de los comicios de segunda vuelta para elegir al nuevo presidente entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. Ambos han condenado los asesinatos.

Otro crimen ocurrió un día antes de los comicios de primera vuelta de 2016, cuando una emboscada atribuida al MPCP que mató a ocho soldados del ejército y dos choferes civiles que se dirigían en una caravana hacia un poblado para brindar seguridad a los votantes.

Los comicios del 6 de junio son los más polarizados en las últimas dos décadas. Ganará quien acumule más votos y asumirá el poder el 28 de julio. Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la agencia antinarcóticos estadounidense.

LIMA (AP) — Al menos 14 personas personas fueron asesinadas a tiros en dos bares presuntamente por miembros de Sendero Luminoso en una zona amazónica donde se produce droga, informaron el lunes las autoridades de Perú.

El jefe policial peruano César Cervantes dijo a la televisora local N que había 18 fallecidos y que la matanza ocurrió el domingo en un distrito llamado Vizcatán del Ene. Más tarde, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas añadió en un comunicado que los fallecidos suman 14.

Los asesinatos ocurrieron en la noche del domingo en dos bares atendidos por mujeres ubicados en las afueras de la capital distrital, en una zona llamada Cuchipampa, a orillas del río Chimpinchariato.

La zona de las ejecuciones está dentro del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) donde se cultiva la hoja de coca, luego se la procesa para producir cocaína y después se transporta el producto ilegal por tierra o vía aérea usando avionetas que ingresan usualmente desde Bolivia.

El juez de paz de la zona. Leonidas Casas, dijo a The Associated Press que constató la existencia de fallecidos. “Han sido abatidos a quemarropa, cuando están ellos sentados en una mesa en el bar les han abatido con armas de fuego, en ambos bares que están frente a frente”. Casas añadió que “a un cuartito se han metido las chicas y la señora con su hijito y un varón más, se han trancado y (los atacantes) han roto la puerta y allí los han abatido y les han quemado allí”.

El Comando Conjunto dijo que los presuntos miembros de Sendero Luminoso llaman a este tipo de acción “limpieza social” y dejaron papeles impresos con frases “limpiar al VRAEM y el Perú de antros, de elementos de mal vivir, de parásitos y corruptos”.

“De acuerdo a los panfletos que ellos ponen, están barriendo con la prostitución y la drogadicción”, dijo Casas, mientras retornaba a la escena de la matanza para levantar los cadáveres acompañado de un fiscal y de cientos de campesinos de los comités de autodefensa.

La matanza es la segunda desde fines de marzo, cuando la policía atribuyó a Sendero la muerte de cuatro miembros de una familia en otra aldea llamada Huarcatán.

En 1992 un grupo policial apoyado por Estados Unidos capturó al filósofo Abimael Guzmán, líder histórico de Sendero Luminoso. Guzmán fue condenado a perpetuidad por su responsabilidad en un atentado con autobomba que dejó 25 muertos, 155 heridos y por otra matanza de 69 campesinos. Según las autoridades, los sobrevivientes de Sendero Luminoso, que son menos de 300, otorgan ahora seguridad a los cargamentos de cocaína que los narcos sacan vía terrestre y aérea desde ese valle. También dependen de las extorsiones a obras de construcción y a los taladores de madera.

Los asesinatos ocurren a 13 días de las elecciones de segunda vuelta para elegir al nuevo presidente entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori.

Otro asesinato ocurrió un día antes de los comicios de primera vuelta de 2016, cuando una emboscada atribuida a Sendero Luminoso mató a ocho soldados del ejército y dos choferes civiles que se dirigían en una caravana hacia un poblado para brindar seguridad a los votantes.

Los comicios del 6 de junio son los más polarizados en las últimas dos décadas. Ganará quien acumule más votos y asumirá el poder el 28 de julio. Perú es el segundo productor mundial de cocaína, según la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA).

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Parte de la zona arqueológica de Teotihuacan, unas ruinas prehispánicas mexicanas declaradas Patrimonio de la Humanidad y situadas al norte de la capital, está en peligro por un proyecto de construcción privado en sus alrededores, denunció el gobierno el martes.

“La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) condenamos enérgicamente las obras no autorizadas que implican la destrucción de Monumentos Arqueológicos” de la zona protegida, indicó la agencia en un comunicado en el que estima que las obras con maquinaria pesada ponen en riesgo a 25 estructuras arqueológicas y grutas con vestigios prehispánicos.

Aparentemente, los propietarios de las parcelas agrícolas que rodean a las ruinas tratan de convertir la tierra en una especie de parque de diversiones.

Las autoridades habían ordenado la suspensión de obras y colocaron sellos que fueron violados en dos ocasiones, por lo que el gobierno interpuso una denuncia penal en contra de los responsables.

“La Secretaría de Cultura y el INAH reconocen y valoran las voces indignadas de organismos nacionales e internacionales, instituciones diversas y grupos de la sociedad civil, que se han levantado para denunciar estas conductas contrarias a la legislación de nuestro país y lesivas a nuestro patrimonio y valores culturales”, agrega el comunicado.

Las obras plantean interrogantes sobre la capacidad de México para proteger sus zonas arqueológicas. Las ruinas de Teotihuacan son las más visitadas del país con más de 2.6 millones de personas al año. Si México no puede proteger una zona tan reconocida y cercana a la capital surgen dudas sobre lo que podría suceder con sitios más pequeños, remotos y a menudo inexplorados o con menos recursos.

Teotihuacan es mejor conocida por sus templos gemelos del Sol y la Luna, pero en realidad era una gran ciudad que albergaba a más de 100,000 habitantes y cubría alrededor de 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas).

La aún misteriosa ciudad fue una de las más grandes del mundo entre el año 100 a. C. y 750 d. C. Sin embargo, la ciudad fue abandonada antes del ascenso de los aztecas en el siglo XIV. Incluso su verdadero nombre sigue sin estar claro, ya que los aztecas le otorgaron su denominación actual.

De hecho, es posible que el nombre fuera “Teohuacan” — literalmente “ciudad del sol” — en lugar de Teotihuacan, que significa “ciudad de los dioses” o “lugar donde los hombres se convierten en dioses”.

Antes de la llegada de la pandemia del coronavirus, las pirámides del Sol o la Luna solían atraer a decenas de miles de visitantes para los equinoccios de primavera y otoño cada año.

TUXTLA GUTIÉRREZ, México (AP) — La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó el domingo su preocupación por presuntos abusos cometidos contra 93 estudiantes, incluyendo a 72 mujeres, de una escuela de maestros rurales en el sureño estado de Chiapas, quienes fueron detenidos el martes por participar en protestas.

“La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la oficina.

El 18 de mayo, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” realizaron una protesta en una autopista que conecta la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, con San Cristobal de las Casas. Exigían un examen presencial de ingreso a esa escuela a pesar de la situación de pandemia porque la mayoría de los aspirantes son indígenas que no tienen acceso a Internet, explicó el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en un comunicado.

Las normales son escuelas de maestros rurales a las que ingresan campesinos y gente muy pobre y suelen estar en la mira de las autoridades porque tienen una tradición muy combativa y a menudo protagonizan protestas, cortes de carretera o tomas de instalaciones que, en ocasiones, pueden conllevar actos violentos.

Durante el desalojo de los manifestantes el martes, 97 personas fueron detenidas, los 93 estudiantes y cuatro pobladores. Dos de los pobladores eran adolescentes y fueron puestos en libertad poco después. Pero las otras 95 personas fueron llevadas ante el juez que declaró legal su detención.

La ONU recibió alegaciones de parte de testigos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas arrestadas sobre presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder, uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a sus derechos tanto en las instalaciones de la fiscalía de Chiapas como en la cárcel a la que fueron trasladados llamada “El Amate”.

“Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, añadió Fernández-Maldonado.

Por este motivo, la oficina de Naciones Unidas pidió garantizar el debido proceso, que las personas que hablan lenguas indígenas dispongan de traductores y que se investigue de forma diligente e imparcial los posibles casos de abusos.

El domingo por la tarde, horas después del llamado de Naciones Unidas, las mujeres comenzaron a abandonar el penal. Según explicó Ezequiel Gómez, portavoz de la fiscalía de Chiapas, a The Associated Press, las estudiantes obtuvieron la libertad condicional tras comprometerse a no participar en nuevas manifestaciones ni protestas y a acudir a firmar a la prisión hasta que el juez resuelva si iniciar o no proceso con ellas. Lo mismo sucederá con los hombres el próximo martes.

Los estudiantes están acusadas de “robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad del Estado y pandillerismo”, agregó el vocero.

El peor acto ejercido contra estudiantes de una normal fue en septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero cuando alumnos la la Normal Rural de Ayotzinapa tomaron varios autobuses en la localidad de Iguala para acudir a Ciudad de México a unas manifestaciones y fueron atacados por policías locales que luego desaparecieron a 43 estudiantes en complicidad con el crimen organizado y con autoridades de todos los niveles de gobierno.

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