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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le preocupa que otra turbia liberación de un narcotraficante pueda convertir a México en blanco de burlas internacionales.

Hace casi ocho años, el narcotraficante Rafael Caro Quintero salió de prisión a altas horas de la noche gracias a una orden de liberación emitida incorrectamente. Desde entonces, Caro Quintero regresó al tráfico de drogas y ha ocasionado sangrientas batallas territoriales en el estado fronterizo de Sonora, en el norte de México.

El sábado, Héctor “El Güero” Palma, otro capo del cártel de Sinaloa, estuvo a punto de salir en circunstancias similares, después de que el secretario de un juez envió una carta —en sábado y en feriado nacional— diciendo que el gobierno tenía que liberarlo inmediatamente tras quedar absuelto de los cargos de crimen organizado.

“Este es un asunto de importancia nacional”, dijo López Obrador el lunes. “Imagínense la sospecha, las bromas, los memes”.

“Pasó algo parecido cuando se liberó al señor Caro Quintero”, recordó el mandatario. “No sé si fue el fin de semana... se lo libera y luego viene la denuncia de los Estados Unidos, y revocan la decisión”.

Agregó que “ningún gobierno extranjero debe acusar al gobierno mexicano y nosotros no debemos dar motivo para eso”.

El juez envió el domingo otra notificación diciendo que Palma debía ser liberado antes de las 4 de la tarde. López Obrador dijo que los fiscales obtuvieron una extensión de 48 horas para buscar cualquier orden judicial pendiente que pudiera justificar su detención. El plazo se acaba el martes. El presidente dijo que si no se encuentra ninguna orden, Palma debe ser liberado.

México está comenzando a ganarse la reputación de un gobierno que, con López Obrador, ha liberado a más narcotraficantes de los que ha capturado, parte de la política del presidente de no mantenerlos detenidos para evitar la violencia.

“El Güero” Palma fue uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien está preso en Estados Unidos.

Palma fue arrestado en México en 1995 y estuvo preso 12 años por cargos de soborno y armas antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2007, donde cumplió nueve años de una sentencia de 16 años por tráfico de cocaína, antes de ser enviado de regreso a su país, donde fue juzgado por los cargos de crimen organizado de los que fue absuelto la semana pasada.

El sistema judicial de México tiene mala reputación y las órdenes de liberación nocturnas o en fines de semana no le ayudan. López Obrador dijo que presionaría por una reforma para que tales órdenes no se emitan los fines de semana.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México iniciará en mayo una nueva etapa de la vacunación contra el coronavirus al ampliar el proceso a las personas con edades comprendidas entre los 50 y los 59 años, anunciaron el martes las autoridades.

Luego de más de dos meses de haber comenzado la vacunación de los mayores de 60 años, lo que implicó la inoculación de varios millones de personas, el gobierno mexicano acordó emprender la nueva etapa que comenzará el miércoles con un registro de los interesados.

El director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, anunció que en la primera semana de mayo comenzará la vacunación del nuevo grupo que se estima en 9,12 millones de personas.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que “tenemos abasto garantizado” de vacunas y aseguró que eso se logró “porque actuamos a tiempo” para adquirir en el exterior los medicamentos. Algunos opositores y especialistas cuestionaron las políticas que siguió el gobierno mexicano para comprar las vacunas alegando que comenzaron con demora el proceso de recepción y aplicación en comparación con otros países. El gigante latinoamericano recibió los primeros lotes de vacunas a fines de diciembre.

López Obrador indicó, durante su programa matutino, que México logró cubrir los requerimientos de vacunas gracias al apoyo de los gobiernos de Rusia, China, India y Estados Unidos.

Washington mandó entre fines de marzo y comienzos de este mes 2,7 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca, envío que coincidió con unas conversaciones que adelantaban ambos países para reforzar los controles y la atención a los miles de migrantes ilegales que tratan de ingresar por la frontera sur de Estados Unidos.

El gobernante mexicano aprovechó para felicitar a su par estadounidense, Joe Biden, por la decisión que tomó su administración de enviar a otros países hasta 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca.

México ha recibido hasta la fecha 16,6 millones de vacunas que han sido aplicadas a 12 millones de personas -el 9,4% de la población de unos 126 millones de habitantes-, según registros oficiales. Entre las vacunas que se están aplicando están las de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac y CanSino.

Las autoridades aspiraban vacunar 15 millones de personas mayores de 60 años pero cerca de 20% no participó en el proceso. López Obrador, quien se vacunó la semana pasada, dijo espera que las personas mayores de 60 años que no se vacunaron en la primera fase lo hagan de manera voluntaria en las próximas semanas cuando comience la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca.

Las autoridades mexicanas iniciaron este mes la vacunación masiva de maestros con la esperanza de reabrir próximamente las escuelas, cerradas el año pasado para evitar la propagación de la pandemia que ha dejado hasta la fecha más de 2,3 millones de contagiados y 215.000 fallecidos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. México es el tercer país del mundo con el mayor registro de fallecidos por COVID-19.

El mandatario mexicano defendió el retorno a las aulas asegurando que “no hay nada que temer” e insistió en que “no es igual la educación a distancia que la presencial”.

“Llevamos 14 semanas consecutivas de reducción” de casos, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, al informar que México mantiene una merma en el registro de nuevos contagios de 83% en tres meses y medio.

Panamá, 7 abr (EVH) El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) está acusado en España por supuesto blanqueo de capitales y recibir sobornos de una constructora de ese país durante su mandato, publicó hoy aquí la prensa local.

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) ganó la apelación en un tribunal madrileño para continuar el proceso penal contra Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC) por delitos en obras realizadas en Panamá, informaron este miércoles, entre otros, los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá.
Fibgar recibió luz verde de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando el segundo Juzgado Central de Instrucción de Madrid desestimó la querella, por considerar que la Fundación no tenía los requisitos para hacer la acusación.
Desde octubre de 2020, la organización que encabeza el exjuez Garzón involucró a funcionarios gubernamentales panameños, encabezados por Martinelli, en una causa por presuntamente cobrar 82,7 millones de dólares ilegales, a través de sociedades pantallas titulares de un circuito internacional de cuentas bancarias.
El tribunal de apelaciones aseguró 'que no puede ratificarse el auto del juzgado por el que se excluye la responsabilidad penal del señor Ricardo A. Martinelli Berrocal, en el presente procedimiento que deberá continuar también para él como investigado', según el comunicado de la Fundación citada por La Estrella.
Hasta el momento no se conocieron reacciones del expresidente, cuyo emporio mediático desplegó titulares cuando el Juzgado de Madrid bloqueó la acción penal y el propio Martinelli retó en Twitter a varios medios para que publicaran la noticia de lo que consideró 'ridícula denuncia de Garzón sobre FCC'.
El destape del caso ocurrió en 2017 durante investigaciones de sobornos realizados a la empresa brasilera Odebrecht en el Istmo, y entonces fiscales panameños pudieron determinar irregularidades también cometidas por FCC, las cuales admitió el consorcio peninsular en una auto delación que involucró al abogado español-panameño Mauricio Cort.
Por esta razón está detenido Cort en Panamá y avanza un expediente penal con 14 indagados, donde el letrado aparece como posible testaferro del exgobernante y la persona que exigía sobornos a las constructoras a cambio de adjudicarles contratos y realizar a tiempo los pagos correspondientes.
FCC participó en la construcción de las dos líneas del metro capitalino, transformación de viales y el inconcluso gigantesco hospital conocido como Ciudad de la Salud, en todos los cuales se detectaron facturaciones con sobreprecios y servicios no prestados, para generar los fondos destinados a la trama de corrupción.

CIUDAD GUATEMALA (AP) — Estados Unidos y Guatemala crearán una nueva fuerza de tarea conjunta para protección de fronteras con el fin de detener la migración y brindar seguridad anunció el gobierno guatemalteco.

Pedro Brolo, canciller guatemalteco, hizo el anuncio en conferencia de prensa el lunes y dijo que eso había sido parte de la conversación vía zoom que la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei sostuvieron el mismo día.

“Se conversó en materia de seguridad fronteriza, establecer una nueva fuerza de tarea conjunta de protección de frontera. El gobierno de EEUU ofreció capacitación y está anunciando la llegada de 16 elementos de DHS (Departamento de Seguridad Interior por sus siglas en inglés) que estarían ayudando con la Dipafront ( División de Puertos y Aeropuertos Fronterizos)”, dijo Brolo.

En un boletín de prensa Symone Sanders, portavoz de Harris, dijo que Estados Unidos ofreció 320 millones de dólares para ayuda humanitaria inmediata y combatir la inseguridad alimentaria.

Sanders dijo que Guatemala se comprometió a mejorar y fortalecer sus fronteras norte y sur, y que ambos países profundizaran la cooperación bilateral para combatir a los traficantes de personas y de drogas “incluso mediante mediante la reconstitución de una Unidad Móvil de Interdicción Táctica centrada en el desmantelamiento de las actividades delictivas transnacionales en Guatemala”.

El canciller también explicó que con el apoyo estadounidense se construirán centros de retornados que abrigue a los deportados para que haya una transición a sus comunidades. Asimismo dijo que Guatemala quiere tener una presencia más fuerte en Estados Unidos por la situación actual de llegada de niños no acompañados a la frontera estadounidense. El canciller explicó que por lo menos 233 menores no acompañados, de 700 que cruzan diariamente la frontera, son guatemaltecos.

Harris, designada como la principal interlocutora del gobierno estadounidense con las autoridades de Centroamérica, dijo en la reunión con Giammattei que el gobierno estadounidense está dispuesto a ampliar el apoyó económico a país de Centroamérica, con el fin de abordar las causas que originan la migración hacia Estados Unidos.

“Cuando hablamos por teléfono hace una semana abordamos nuestro compromiso compartido para ampliar oportunidades en Guatemala y la región. La gente de Guatemala ha sufrido muchísimo como resultado de los recientes huracanes, la sequía constante y la pandemia de COVID-19”, dijo Harris en su videoconferencia que duró casi 11 minutos.

La vicepresidenta estadounidense dijo también que querían trabajar con el gobierno guatemalteco en otras causas de la migración.

“Hay otros factores que hemos denominado causas fundamentales de la migración, como la pobreza y la falta de oportunidades económicas, el clima extremo y la falta de medida que se adapten al cambio climático, los pueblos indígenas, la corrupción y buena gobernanza, violencia contra las mujeres, comunidad LGBTQ y los afrodescendientes”, dijo, y agregó que quiere “ofrecerles esperanzas para que la gente de Guatemala tenga oportunidades de quedarse en sus hogares”.

Por su parte, Giammattei dijo que su gobierno tenía mucho interés en ser socio de Estados Unidos y trabajar en metas comunes. Además propuso tener lista una hoja de ruta que identifique acuerdo de gobierno a gobierno.

Harris confirmó su visita al país centroamericano en junio de este año.

Las sanciones se anuncian el mismo día que EEUU sanciona a un congresista y a un exalto funcionario de de Guatemala que habrían pagado sobornos a congresistas y jueces para asegurarse protección en casos de corrupción que enfrentan en su país.

Las sanciones fueron impuestas al diputado Felipe Alejos Lorenzana, ex vicepresidente del Congreso en 2020, y a Gustavo Alejos Cambara, empresario farmacéutico y quien se desempeñó como secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012). Ambos habrían efectuado pagos a congresistas y jueces en un intento por influenciar la selección de magistrados y asegurarse fallos favorables en los casos judiciales de corrupción que enfrentan en su país, dijeron el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro.

“Estas sanciones apoyan los esfuerzos del pueblo de Guatemala para poner fin al flagelo de la corrupción”, expresó el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita al revelar las medidas. “Apuntan a reformas que mejorarán la transparencia y el estado de derecho y conducirán a mejores condiciones para el bien del pueblo guatemalteco”, sostuvo.

El Reino Unido se sumo a similares sanciones para Alejos Lorenzana.

El presidente demócrata Joe Biden ha puesto como prioridad la lucha contra la corrupción en Centroamérica para generar condiciones políticas, sociales y económicas que alienten a la población a quedarse en sus países en lugar de migrar hacia el norte-

Tiziano Breda, especialista en temas de Centroamérica para Crisis Group, dijo a The Associated Press que la sanción remarca que si bien la administración Biden está comprometida a trabajar con Guatemala por el tema migratorio, “la cooptación de cortes y del Congreso son líneas rojas que puede afectar la cooperación de Estados Unidos con el país en otros temas”.

Breda explicó que Estados Unidos ha elegido a Guatemala como socio principal “por ahora”, dada la a veces conflictiva relación con Nayib Bukele en El Salvador y la controversial posición de Juan Orlando Hernández en Honduras. Los tres países integran lo que se conoce como el “Triángulo Norte” de Centroamérica.

Desde que el gobierno de Guatemala resolvió no renovar el mandato de la Comisión Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) en 2019 - creada por las Naciones Unidas para investigar aparatos clandestinos y de seguridad dentro del Estado guatemalteco con la fiscalía- algunos políticos que eran investigados buscaron eliminar la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que tenía a su cargo casos que le asignaba la comisión de la ONU.

En febrero de 2020, la FECI descubrió que mientras estaba detenido y en un hospital, a la espera de que concluyeran cinco investigaciones distintas donde se le acusa de corrupción, Alejos Cambara buscó influenciar el proceso de selección de magistrados de dos cortes de Guatemala. Para ello, habría sobornado con pagos a postuladores, legisladores y jueces y para ocultar sus fondos, habría comprado propiedades en Panamá y Belice.

En el caso del diputado Felipe Alejos Lorenzana, la FECI le acusa de haber cobrado comisiones ilícitas a empresarios para que les fuera devuelto en forma exprés crédito fiscal. La FECI intentó en cuatro ocasiones que la Corte Suprema de Justicia le retirara la inmunidad, pero estos le protegieron, negando que fuera investigado.

El Departamento del Tesoro también dijo que Alejos Lorenzana presuntamente pagó sobornos con dinero de empresas constructoras privadas con contratos, potenciales o en curso, de infraestructura vial estatal a diputados con el objeto de asegurar el apoyo en el Congreso para elección de magistrados titulares y suplentes de la Corte Constitucional (CC), quienes apoyarían en el futuro un fallo de la CC que favorecería su inmunidad, manteniéndolo a él y a otros diputados fuera de la cárcel.

A raíz de las sanciones, todas sus propiedades e intereses en propiedades en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses han sido bloqueados y deben ser reportados al Departamento del Tesoro.

México, 7 abril (EVH) El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó a regañadientes el plan y calendario para el enjuiciamiento de acciones políticas y de gobierno de administraciones pasadas en México, anunció hoy el órgano rector comicial.

La resolución, aprobada hace meses por el Congreso y solo ahora ratificada por el INE, fue mediatizada pues el texto avalado no incluye la palabra 'expresidentes' a quienes originalmente estaba referida la propuesta presentada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Entre críticas al gobierno federal y a la Cámara de Diputados por su falta de respuesta a la petición de recursos para financiar la consulta popular, el INE -que adversa al gobierno- aprobó el Plan y Calendario Integral para enjuiciar acciones políticas y de gobierno en el pasado (allí es donde elimina 'expresidentes', es decir, la despersonaliza). La resolución presentada involucraba directamente a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, considerados los presidentes del neoliberalismo, los cuales se someterían a consulta popular y posible enjuiciamiento por corrupción y otros presuntos delitos.
El consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, crítico del gobierno de López Obrador, sostuvo que 'el INE no pidió la consulta aunque va a cumplir con su responsabilidad, pero que exista un acompañamiento para que sea exitosa y no se deje al garete de la inanición presupuestal',
Durante la sesión del Consejo General del INE coincidieron en cuestionar la actitud del gobierno federal y la Cámara de Diputados, que no han atendido las peticiones del organismo para otorgarle los recursos necesarios a fin de organizar la consulta, además de que en este año los diputados le redujeron 870 millones de pesos de su presupuesto.
El consejero Uuc Kib Espadas afirmó que el instituto tendrá que forzar sus capacidades presupuestales y humanas para sacar adelante la elección.
Sin embargo, alertó que este 'sufrimiento institucional no dará las condiciones óptimas para su realización. Esperemos que este obligado abaratamiento de la consulta popular, no sea precedente de lo que serán las elecciones a futuro', criterios que fueron rechazados por voceros del ejecutivo.
En ese medio se expresó el temor de que las palabras de Uuo Kib sean una advertencia de una baja calidad en las consultas que puedan conducir a resultados negativos como el propio funcionario del INE deja entrever, todo lo cual beneficia a las administraciones neoliberales.

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