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PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Mientras esperan un nuevo presidente, los haitianos iniciaron el martes una serie de ceremonias oficiales para honrar al presidente Jovenel Moïse casi dos semanas después de que fuese asesinado en su casa.

Los actos se llevan a cabo mientras el primer ministro designado, Ariel Henry, se prepara para reemplazar al interino, Claude Joseph, quien asumió el gobierno con el respaldo de la policía y el ejército tras el ataque del 7 de julio al domicilio particular de Moïse, quien recibió varios balazos mientras que su esposa resultó gravemente herida.

Henry, cuya juramentación está prevista para las horas de la tarde, ha prometido presidir un gobierno provisional de consenso hasta que se realicen elecciones.

“Necesitamos esta unidad para enfrentar los muchos retos que nos asedian”, dijo Henry. “Algunos han observado los últimos acontecimientos con gran estupor, otros se preguntan con razón cómo será el manejo del país”.

Henry dijo que se ha reunido con varios actores no identificados, además de con miembros de la sociedad civil y del sector privado. “Tengo la intención de continuar y profundizar en esas discusiones, porque es la única forma de unir a la familia haitiana”, declaró.

El gobierno ha dado a conocer los integrantes del gabinete. Los ministros de justicia, economía, hacienda, agricultura y otros conservarán sus puestos.

El ministro haitiano de Elecciones, Mathias Pierre, dijo a The Associated Press el lunes que Joseph renunciaría y dejaría el puesto en manos de Henry, quien había sido designado por Moïse poco antes de su asesinato pero aún no había asumido el cargo.

El cambio político se produjo después de que un grupo de destacados diplomáticos internacionales pidieron a Henry que crease “un gobierno por consenso e inclusivo” en un comunicado emitido el sábado que no hacía referencia a Joseph. El llamado Core Group está compuesto por embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea, así como por representantes de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

La principal coalición opositora, llamada Sector Democrático y popular, llamó a Henry títere de la comunidad internacional y rechazó su nombramiento.

“Este paso es una provocación política que echará leña al fuego y agravará la crisis del país”, dijo.

Robert Fatton, experto en política haitiana de la Universidad de Virginia, dijo que la marcha de Joseph era previsible.

“El destino de Joseph se selló durante el fin de semana”, afirmó. “Todo lo que pasa en Haití tiene un poderoso componente externo”.

La ONU dijo el lunes que Joseph y Henry lograron avances significativos en la última semana para poner fin al bloqueo y que apoya un diálogo para encontrar “un mínimo de consenso” para la celebración de elecciones presidenciales y legislativas imparciales.

Las autoridades han arrestado a más de 20 sospechosos por su presunta relación directa con el asesinato. La mayoría de ellos son exsoldados colombianos, muchos de los cuales fueron engañados, según funcionarios.

CIUDAD GUATEMALA (AP) — El gobierno de Guatemala informó el miércoles que en lo que va de julio la patrulla fronteriza estadounidense ha localizado a unos 456 niños guatemaltecos no acompañados en varias ciudades fronterizas del país norteño.

Entre el 12 y 13 de julio, por ejemplo, se encontraron un total de 80 menores, entre niñas, niños y adolescentes del país centroamericano sin acompañamietos y que fueron identificados en las ciudades de Sasabe, Naco y Nogales, Arizona, indicó la cancillería en un boletín de prensa.

“Los menores, con edades entre los 7 y 17 años, son originarios de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, quienes fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos por haber ingresado a ese país de manera irregular”, detalló.

Según la cancillería, luego de ser detenidos y registrados los menores reciben atención de los consulados guatemaltecos que les informa de los procedimientos a que son enviados. Los menores entran a un proceso de reunificación familiar, dependiendo de los casos particulares y de la decisión de un juez si se hace en Estados Unidos o Guatemala, agregó.

LA HABANA (EVH/AP) — Un día después de varias manifestaciones contra el desabastecimiento, los cortes de energía y las carencias en Cuba, que terminó con contramarchas de simpatizantes del gobierno e incidentes en varios puntos del país, La Habana transitó el lunes fuertemente custodiada y con el servicio de internet móvil cortado.

El presidente Miguel Díaz-Canel compareció junto con todo su gabinete en la televisión nacional atribuyendo a una campaña de descrédito montada desde Estados Unidos los sucesos de la víspera que incluyeron marchas antigubernamentales completamente inusuales para la isla, detenciones violentas, saqueos de tiendas y patrullas de policía dañadas.

Cuba tiene un embargo de de los Estados Unidos que impide que las empresas de otros países negocien con la isla.  La administración del Donald recrudeció las sanciones dejando al país con pocas posibilidades de abastecimiento de alimentos y medicina.

“El calentamiento... que se produce en todas las redes sociales, ¿estuvo presente en todo lo que sucedió ayer o no?”, dijo Díaz-Canel en su presentación. “Estamos observando que en todas las últimas semanas se incrementó la campaña contra Cuba en las redes sociales planteando un grupo de matrices, de las carencias que estamos viviendo, porque esa es la manera en que se monta: tratar de crear disconformidad, insatisfacción a partir de manipular las emociones y sentimientos”.

Miles de personas, desafiando el calor estival, se lanzaron a las calles el domingo por la tarde en varios puntos de la capital desde el icónico Malecón, pasando por el populoso barrio de Centro Habana, hasta el Prado.

Las marchas parecieron obedecer a una coordinación que buscaba desatar una reacción encadena.

También hubo manifestaciones en San Antonio de los Baños, en las afueras de la capital. Las autoridades reconocieron como verídicas fotos que se subieron a la red patrullas volcadas.

El presidente Díaz-Canel reconoció que no todos los manifestantes son “contrarrevolucionarios ni mucho menos”, sino personas “insatisfechas”.

Una docena de personas con las cuales AP habló marcharon por reclamos diversos, que iban desde el pedido de un cambio de gobierno a mayor surtido de alimentos y medicinas, control de precios y el fin a los cortes intermitentes de luz.

El lunes muchas de las principales arterias de la capital amanecieron fuertemente custodiadas por la policía. En algunas de ellas desde la noche domingo se instalaron brigadas especiales.

Internet móvil fue suspendido y no hay servicios de datos -o es intermitente- desde el domingo.

Cuba lleva un año y medio de una fuerte crisis económica provocada por la paralización de su economía por la pandemia de coronavirus y las pérdidas causadas por las sanciones de Estados Unidos, endurecidas por el expresidente Donald Trump y que no han sido modificados por su sucesor.

Calor, largas colas, desabastecimiento de productos básicos, escasas mercancías en los mercados e inexistencia de medicinas -incluso antibióticos- caldearon los ánimos. La economía de la isla se derrumbó un 11% en 2020.

En tanto, en las últimas semanas un rebrote de COVID-19 elevó los contagios a casi 7.000 diarios y un consiguiente incremento de muertes. 

La provincia de Matanzas encabeza los territorios más complicados, al punto del colapso sanitario. La Habana, la capital del país y con el mayor número de vacunados, tiene un mejor control de los contagios.

Desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden se pronunció mediante un comunicado de prensa apoyando las manifestaciones antigubernamentales y “su llamamiento a la libertad” tras “décadas de represión y sufrimiento económico a las que ha sido sometido por el régimen autoritario de Cuba... El pueblo cubano está haciendo valer derechos fundamentales y universales”.

Poco antes el director de Estados Unidos de la cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, aseguró en su cuenta de Twitter que la inquietud expresada por Washington no es válida.

“El Departamento de Estado de Estados Unidos y sus funcionarios involucrados hasta el cuello en promover inestabilidad social y política en Cuba, deben evitar expresar una preocupación hipócrita por una situación por la que han apostado”, añadió.

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se manifestó a favor de una salida mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza para resolver la crisis que enfrenta Cuba y ofreció el envío de alimentos y medicinas.

 

 

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un tribunal de apelaciones de México anuló el martes la absolución del capo del narcotráfico durante la década de 1990, Héctor “El Güero” Palma, anunció la fiscalía, lo que le evitó al país una vergüenza internacional en caso de que quedara en libertad.

Un tribunal menor ordenó la liberación de Palma en abril pasado. Sin embargo, los fiscales apelaron la decisión con el argumento que dicha corte aplicó indebidamente la norma de doble incriminación. El tribunal de apelaciones anuló la absolución y falló que el caso de crimen organizado contra Palma no equivalía a juzgarlo dos veces por el mismo delito.

Palma fue trasladado a la prisión mexicana de máxima seguridad del Altiplano luego del fallo. En mayo, un juez había ordenado que Palma debía permanecer 40 días más en prisión preventiva a la espera de la investigación, como un último recurso para evitar su libertad.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que la liberación de Palma podría afectar la reputación de México a nivel internacional.

Hace casi ocho años, otro narcotraficante, Rafael Caro Quintero, salió de una prisión mexicana a altas horas de la noche con una orden impropia de liberación por una condena de 40 años en prisión por el asesinato y tortura del agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Desde entonces, ha retomado sus operaciones en el tráfico de drogas y ha desatado sangrientas luchas por territorio en el estado de Sonora, en el norte de México.

El asunto es delicado. El gobierno de México comienza a ganarse una reputación como uno que, bajo el mando de López Obrador, ha liberado a más capos del narcotráfico de los que ha capturado, esto como parte de la política del mandatario de dejar de detener a narcotraficantes para evitar violencia.

López Obrador ha reconocido que hizo caso omiso del consejo inicial de sus propios asesores, quienes insinuaron después de la absolución de Palma que no había nada más que el gobierno pudiera hacer para mantenerlo detenido.

Cuando me informaron sobre la orden de liberación, “di la instrucción a la secretaria (de Seguridad Pública) para que hiciera los trámites correspondientes y se llevara a cabo una indagatoria y que se solicitara al juzgado tiempo para recibir información”, comentó el mandatario.

“No es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado... No se puede exponer el prestigio del Estado mexicano”, añadió.

Conocido como “El Güero”, Palma fue el fundador y líder del Cártel de Sinaloa, junto con el encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Él y Guzmán atrajeron una atención no deseada cuando un cardenal católico fue asesinado en un tiroteo entre los hombres del Cártel de Sinaloa y la organización rival de los Arellano Félix en el aeropuerto de Guadalajara. Los hombres al parecer confundieron el lujoso automóvil del cardenal con el de un rival.

Palma fue detenido en México en 1995 y estuvo 12 años en una prisión del país bajo cargos de soborno y de armas, antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2007, donde cumplió nueve años de una sentencia de 16 por tráfico de cocaína. Fue enviado de regreso a México, donde estuvo detenido para ser juzgado por los cargos de los que el tribunal inferior lo exoneró.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Comisión Nacional de Búsqueda elevó el miércoles al menos a 71 las personas desaparecidas en un tramo carretero del norte del país que une las localidades de Monterrey, en el estado de Nuevo León, y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

Según explicó la comisionada Karla Quintana, todavía se desconoce quién y con qué objetivo pueden tener lugar las desapariciones en la que ya se conoce como “la carretera de la muerte” pero indicó que la mayoría de los que desaparecen son hombres conductores de transportes de carga o de personas, como taxistas.

En los últimos meses, activistas han dicho que alrededor de media docena han reaparecido vivos y brutalmente golpeados luego de ser secuestrados. Lo único que dijeron es que hombres armados los obligaron a detenerse en la carretera y tomaron sus vehículos.

Quintana indicó que han hablado con una persona que fue liberada para intentar entender lo que está sucediendo y creen tiene que ver con una disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación, que quiere entrar en la zona, y el Cartel del Noreste, los antiguos Zetas que tienen Nuevo Laredo como base de operaciones. “Lo que preocupa es lo que se está trasladando”, agregó.

Aunque hay una mayoría de hombres, en dicha carretera también han han ‘evaporado’ familias, mujeres y niños como Gladys Pérez Sánchez, de Laredo, Texas, su hijo de 16 años y su hija de nueve, quienes fueron vistos por última vez el 13 de junio y están siendo buscados también por las autoridades estadounidenses.

Las desapariciones siguen siendo uno de los grandes problemas del país. En esta administración, que comenzó en diciembre de 2018, más de 21.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en el país. En total, desde 2006, cuando se inició la guerra frontal contra los cárteles, se busca a 87.855 personas, según los datos actualizados el miércoles por Quintana.

A pesar de que las cifras no dejan de aumentar, esta administración es la primera que ha realizado de forma sistemática continuas labores de búsqueda y exhumaciones aunque no siempre estos trabajos implican respuestas para las familias de los desaparecidos.

En otro punto de la frontera norte del país, en su extremo más oriental, entre la ciudad de Matamoros y la costa, desde 2017 a la fecha se han recuperado al menos 500 kilos de restos óseos calcinados de un terreno conocido como La Bartolina. Se desconoce cuántas personas pudieron desaparecer en ese punto que Quintana calificó como un “lugar de exterminio”.

La calcinación o disolución de sus víctimas es una práctica habitual de varios grupos del crimen organizado para esconder sus crímenes. Otras veces, los cuerpos son enterrados en fosas clandestinas. El actual gobierno federal ha recuperado más de 3.000 cuerpos de ese tipo de enterramientos pero sólo el 38% han sido identificados. Además, decenas de miles de cadáveres siguen sin identificar en las morgues mexicanas.

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