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Por Ramón Peralta

Las esperanzas despertadas por la presente administración Biden al inicio de su gobierno, en torno al establecimiento de una nueva ley de inmigración, han caído en el vacío ya que, después de un año el gobierno no ha podido implementar las prometidas modificaciones y solo se ha concentrado en cancelar algunas de las medidas administrativas implementadas por el gobierno de Trump. Muchas son las razones que han motivado el hecho y entre ellas están las siguientes.

Las propuestas del Presidente Biden no han recibido la respuesta que se esperaba dentro del Congreso. Numerosos congresistas demócratas se han negado a aceptar las propuestas reformas, lo que evidencia su muerte antes de llegar al debate en la sala del Congreso. El hecho pone en evidencia que no existe una unidad de criterio dentro del Partido Demócrata y que las individualidades determinan el curso político a seguir en el partido. Los congresistas no votan de acuerdo a una agenda sino según sus intereses particulares que están determinados por aquellos que los financian.

Por otro lado, el sistema judicial, que todavía tiene numerosos representantes nombrados por la pasada administración, se ha presentado como otro mayor obstáculo en la anulación de las trabas inmigratorias impuestas por Trump. Entre ellas está la conocida “Quédate en México”, que todavía recibe el respaldo de gobernadores de estados cercanos a la frontera, los que siguen respaldando medidas estrictas contra los inmigrantes. Esta medida ha causado que miles de inmigrantes tengan que vivir en condiciones deplorables  y sometidos en muchos casos a maltratos y vejaciones por parte de delincuentes. Esta situación ha despertado fuertes protestas de parte de grupos en pro de los derechos humanos e instituciones civiles y religiosas.

Otra medida discriminatoria contra los inmigrantes que la administración Biden no ha podido impedir, es la referente a la expulsión de los inmigrantes que cruzan la frontera con problemas sanitarios a propósito de la aparición de nuevas variantes del Covid-19. Por motivo de esa medida mas de un millón de inmigrantes han sido expulsados durante el año 2021. Las expulsiones crean graves dificultades para los afectados que se ven obligados a retornar a sus países y enfrentar situaciones inesperadas.

Los problemas antes expuestos se unen a otros obstáculos que la administración ha enfrentado en el Congreso para dar curso a la propuesta de legalizar a los casi 11 millones de indocumentados que por años han residido en el país. Esta propuesta fue incluida por la administración en el plan presupuestario de este año 2022. Los que se oponen a la medida piden que la propuesta inmigratoria no sea incluida del todo en el plan de presupuesto y por tanto, que sea descartada. Hasta el momento parece que ese será su destino.

Otro programa que ha quedado en la cuerda floja es el DACA. Por orden de un tribunal de apelaciones le prohibió al gobierno la aprobación de nuevas solicitudes para entrar al programa. Los nuevos solicitantes tendrán que esperar las decisiones de los tribunales para poder ingresar al programa. Hasta ahora el DACA ha sido una esperanza abierta para miles de jóvenes que fueron traídos por sus padres cuando eran menores de edad.

Al margen de los problemas expuestos hasta ahora, hay un hecho, que aunque no tiene que ver directamente con las decisiones en torno a la inmigración, si va a influenciar las posturas de los legisladores con respecto al asunto inmigratorio. Nos referimos a las elecciones legislativas de medio término que se efectuarán en este año. Esto así, porque muchos de los legisladores cuyos puestos están en juego se mantendrán renuentes a asumir el programa inmigratorio como parte de sus propuestas ante los votantes. Una experiencia similar ocurrió en la primera administración de Obama, que al dilatar el conocimiento de las leyes inmigratorias para después de las elecciones de medio término, el partido perdió la mayoría y con ello se fue a pique la aprobación de dichas leyes. Estamos pues frente a una situación semejante, ya que, las predicciones electorales están anunciando la posibilidad de que se produzca un cambio en la composición del Congreso y en el que los Demócratas podrían perder la frágil mayoría que hoy ostentan. No hay lugar a dudas, que eso alejaría mas la posibilidad de un cambio en las leyes de inmigración y la esperanza de que un día se aprueben, trayendo la agonía a millones de hombres y mujeres que hoy esperan un cambio. En definitiva, los políticos no tienen mucho interés en este asunto y cuando lo sacan a relucir es solo para entretenernos con promesas vanas.  

 

 

 


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